La minería ilegal, una de las mayores amenazas al Estado de derecho

Si alguien cree que puede convivir con la minería ilegal desarrollando discursos gaseosos sobre “una supuesta exclusión de los pequeños mineros por los grandes” u otros artilugios verbales, tales como “la minería ancestral” o las supuestas “concesiones ociosas”, se equivoca de principio a fin. 

El Instituto Peruano de Economía (IPE) acaba de informar que la minería ilegal ya suma más de US$ 12,000 millones en exportaciones, la misma cantidad exportada por la minería formal en oro. La minería ilegal hoy triplica el volumen que exportaba en el 2023 y es de lejos la mayor economía ilegal frente al narcotráfico, la tala ilegal y la trata de personas (dos tercios del total de economías ilegales). Según el IPE las pérdidas tributarias del Estado superan los S/ 7,500 millones. Y si a esto le agregamos la destrucción ecológica que desencadena esta actividad en diversas regiones, estamos hablando de una devastación con efectos incluso en las generaciones posteriores.

Sin embargo, todo se eleva a la enésima potencia en términos destructivos cuando se repara que detrás de la minería ilegal existe una voluntad de poder, una decisión de hacer política, de influir en la vida pública para buscar mecanismos de evasión de la ley. ¿A qué nos referimos? El precio de la onza de oro ya superó los US$ 5,000 y el de la libra del cobre ya está sobre los US$ 5.50 y semejantes valores le permiten a la minería ilegal –que no paga impuestos y “lava” su producción ilegal– una rentabilidad superlativa. 

Algo más. La minería ilegal, en convergencia con las izquierdas y otros sectores, suele desarrollar un discurso social repleto de leyendas que denuncia la exclusión de pequeños mineros por la gran minería. Semejante fábula le permite financiar movimientos políticos de diversas orientaciones ideológicas, y no es un secreto la influencia política alcanzada dentro de las diversas bancadas del Legislativo. He allí la explicación de que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) del sector Energía y Minas, un registro transitorio que exonera de las responsabilidades establecidas por la ley para quienes desarrollan minería ilegal, se haya convertido en un registro permanente mediante prórrogas perpetuas. Mediante el Reinfo el minero ilegal evade la ley y sigue destruyendo el sistema de propiedad.

La tolerancia con la minería ilegal entonces destruye el sistema político y la vida pública, porque la ilegalidad tiene enormes posibilidades de financiar a los movimientos políticos, sobre todo luego de la brutal judicialización de la política que promovió el “progresismo consciente” en las últimas décadas.

La voluntad de poder detrás de la minería ilegal entonces es una de las peores amenazas que enfrenta el Estado de derecho en el Perú. Por otro lado, el avance de la minería ilegal derrumba el sistema constitucional cuando destruye el sistema de propiedad minera consagrado en la Constitución y las leyes nacionales. 

Como todos sabemos, en el corredor minero del sur (en donde se produce el 40% del cobre nacional) varias concesiones de empresas mineras de talla mundial –es decir, las mejores compañías de cobre del planeta– han sido invadidas por mineros ilegales. Luego de años de exploración formal, que ha posibilitado incrementar las reservas probadas de cobre del país, algunas decenas de pobladores invaden y asaltan campamentos mineros. En el corredor minero del sur se movilizan más de 300 camiones diarios transportando el mineral ilegal.

Si el sistema de propiedad minera es destruido por el asalto y las invasiones de minas –a semejanza de la toma de tierras antes del velascato–, no obstante que la minería representa más del 60% del total de nuestras exportaciones y pese a que los avances económicos del país no se explicarían sin esta actividad, entonces, todo el sistema de propiedad ha sido derribado en el Perú. En otras palabras, el sueño antisistema de acabar con el modelo y el sistema de propiedad se materializaría a manos de la minería ilegal. 

Allí entonces la urgencia de detener esta lacra social.