La minería ilegal que amenaza a la minería moderna

Un reciente comunicado de altos oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas, de las tres armas nacionales, subraya la crisis de la sociedad ante el desplome del Estado en seguridad ciudadana. Igualmente, el mencionado pronunciamiento denuncia el abandono de los políticos a los oficiales militares que son judicializados por las oenegés de izquierda cuando ellos desarrollan el uso de la fuerza pública de acuerdo a la Constitución. El comunicado pone el dedo en varias llagas nacionales.

Una de ellas es el evidente surgimiento de zonas liberadas de la autoridad de la Constitución, de las leyes nacionales y el Estado de derecho, zonas que pasan a ser controladas por el crimen organizado. Hoy existen provincias en el norte y en el sur dominadas por bandas criminales que organizan un orden del delito con secuelas de muertes y sicariato. Es incuestionable que este fenómeno puede terminar amenazando el modelo económico y la minería moderna.

Al respecto, se acaba de conocer que el 24 y el 26 de febrero, en apenas 48 horas, hubo ataques con explosivos en la bocatoma de Minera Aurífera Retama S.A., una empresa minera moderna que paga impuestos, genera empleo y contribuye a reducir la pobreza. El mencionado ataque se produjo en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, unos días después de que el Ejecutivo ratificará el Estado de emergencia. Al ataque se suma la violencia y terror ejercidos en contra de Minera Poderosa: nueve trabajadores de la empresa muertos, 23 heridos y diez torres de alta tensión derribadas.

Los ataques en contra de la minería moderna en Pataz se desarrollan en base a la alianza entre mineros ilegales y bandas del crimen organizado, la mayoría de origen internacional. Una alianza que se propone controlar la explotación y negocio del oro en momentos en que el mineral alcanza récords en precios internacionales (más de US$ 2,000 la onza). Es evidente que, poco a poco, en la alianza mencionada, el crimen organizado internacional y pistoleros profesionales se apoderan del negocio.

Planteadas las cosas así, ¿acaso se puede afirmar que el Estado de emergencia comienza a fracasar en Pataz? Si el Ejecutivo no tiene una estrategia integral para combatir la ola criminal que afecta a la sociedad y si carece de una estrategia particular para las regiones mineras, es evidente que asistiremos ante un nuevo fracaso, sobre todo considerando que las bandas criminales –tal como ha sucedido en la historia y acaece hoy– se interesan por la explotación de los minerales.

En este contexto, es necesario distinguir entre el minero ilegal y otras formas de minera artesanal informal. El ilegal es el minero que explota y desarrolla actividades sobre concesiones otorgadas por el Estado en base a la Constitución y las leyes nacionales: es un violador del derecho de propiedad. Igualmente, el minero ilegal explota el mineral en parques nacionales, zonas reservadas y utiliza procedimientos que terminan liquidando los ríos y el medio ambiente en general. 

El pequeño minero informal, por el contrario, desarrolla minería sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes; sin embargo, no violenta el derecho de propiedad existente.

Si el Ejecutivo no desarrolla un plan integral para enfrentar a la minería ilegal, tarde o temprano, este fenómeno se convertirá en un gigantesco problema para toda la minería moderna. A inicios de este año, por ejemplo, se denunció que en el corredor vial del sur –área en donde se produce alrededor del 40% del cobre nacional– comenzaron a proliferar invasiones de mineros ilegales sobre las concesiones de la minería moderna. ante el silencio de los radicales antimineros y las oenegés anticapitalistas.

El desarrollo de la minería ilegal en el llamado corredor vial del sur, tarde o temprano, atraerá a las bandas del crimen organizado. En ese contexto, todos perderán: las regiones, los gobiernos locales, las universidades que se benefician del canon, las comunidades y localidades y las empresas mineras modernas. Advertidos estamos.