La minería ilegal como aliada de la estrategia antiminera

 

Los sectores de izquierda a través de diversas oenegés antimineras, en las últimas dos décadas desarrollaron un plan en contra de la minería moderna, principalmente mediante los relatos y las narrativas ecológicas. Por ejemplo, desde el año 2012 las narrativas en contra del proyecto Conga en Cajamarca se intensificaron. Se dijo que la minería era una amenaza para los recursos hídricos de consumo humano y  de la agricultura, y se intentó proteger algunas lagunas muertas en las alturas (por la alta mineralización de las actividades volcánicas). 

Finalmente, la consigna demagógica “agua sí, oro no” se impuso. El resultado: Cajamarca es hoy una de las regiones más pobres del Perú y carece de agua y de oro también. Para entender la intensidad de los supuestos argumentos ecológicos, en ese entonces, el estudio de impacto ambiental del proyecto Conga se sometió a un arbitraje internacional con resultado favorable, pero no valió de nada ante el ecologismo radical. Las mismas narrativas ambientales se utilizaron para detener el proyecto Tía María en Arequipa. Mentiras y leyendas en contra de la minería moderna, que despertaban el temor de las poblaciones frente a supuestas aguas contaminadas para el consumo humano y la agricultura.

De esa manera se paralizaron los principales proyectos de una cartera de más de US$ 53,000 millones y también se ralentizó el crecimiento. Si se hubieran ejecutado esos proyectos el ingreso per cápita del país hoy estaría cerca del de un país desarrollado.

Sin embargo, la estrategia anticapitalista de la izquierda no se limitaría a bloquear y detener nuevos proyectos. También se trataba de detener las minas en desarrollo, con tal de reducir al mínimo la producción minera nacional. Semejante estrategia se desarrolló en el corredor vial del sur, sobre todo en contra de la mina Las Bambas. 

Ante los sucesivos fracasos del Estado, incapaz de construir un ferrocarril para conectar a las minas modernas que producen cerca del 40% del cobre nacional con el puerto de Matarani, en Ilo, se construyó el corredor vial del sur, que atravesaba poblados de Apurímac y el Cusco. A partir de estrategias abiertas de extorsión a las minas se comenzaron a bloquear las carreteras y a exigir rentas propias al margen de los tributos y contratos. En el 2022, por ejemplo, la producción de cobre de Las Bambas se redujo a la mitad debido a la violencia y bloqueo de las vías.

El principio de autoridad y el Estado de derecho fueron pulverizados en el sur. Sin embargo, luego del golpe fallido de Pedro Castillo y las olas de violencia insurreccional, las estrategias antimineras violentistas en el sur han quedado extremadamente deslegitimadas. Ya no es posible bloquear una carretera o asaltar una mina ante la extrema indiferencia del Estado. Algo ha cambiado.

Ante esta situación, de pronto, a inicios de este año en el corredor vial del sur se han comenzado a multiplicar de aquí para allá las invasiones de mineros ilegales, ya sea en las tierras comunales o en las concesiones de la minería moderna. Una de las cosas que llama la atención es el silencio de la oenegés de izquierda ante el nuevo fenómeno que representa una de las peores amenazas a la ecología y al medio ambiente. No se conoce de un solo pronunciamiento alertando de esta situación.

Al respecto vale recordar que en la provincia de Pataz, en La Libertad, la minería ilegal terminó aliada del crimen organizado y luego los mineros ilegales fueron reemplazados por bandas criminales internacionales. El resultado: ataques feroces a Minera Poderosa, una empresa formal que paga impuestos, genera empleo y es un factor clave en la lucha contra la pobreza. En estas olas de violencia ya se cuenta nueve trabajadores de la minería moderna muertos, 23 heridos y cerca de diez torres eléctricas derribadas.

La pregunta que debemos formularnos es la siguiente: ante el debilitamiento de la estrategia ecológica y ambientalista por las campañas de esclarecimiento, ante los problemas que genera proseguir con la violencia, los bloqueos y los asaltos de minas, ¿acaso la estrategia antiminera empieza a promover la minería ilegal? Es una pregunta legítima, habida cuenta de que la minería moderna tendría que enfrentar un fenómeno desconocido.

Sin embargo, estas preguntas y estos escenarios posibles se formulan por una sola razón: la ausencia del Estado de derecho en las zonas mineras. Si recuperamos la autoridad y la ley en las regiones mineras todas las amenazas de este tipo desaparecen en un acto.