La minería ilegal avanza incontenible en el Perú

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE) en el 2024 el Perú exportó alrededor de 200 toneladas de oro; sin embargo, en el sector de Energía y Minas se registró la producción de 108 toneladas. ¿Qué significan estas cifras? Que cerca de 92 toneladas se están produciendo de manera ilegal o no tienen un origen conocido. Algo más: el IPE señala que el año pasado el valor de lo exportado alcanzó US$ 7,400 millones (40% más que el 2023). Este año se proyecta que las toneladas ilegales exportadas llegarán a 100 y el monto total exportado representará US$ 12,000 millones.

En otras palabras, la crisis comercial mundial y el declive parcial del dólar generan una mayor demanda de oro como un valor de refugio, y la onza de este metal ya superó los US$ 4,000. Una situación de este tipo para el Perú se convierte en un asunto complejo por la ausencia de Estado de derecho y falta de principio de autoridad. En este contexto, la minería ilegal de oro, en todas sus versiones (invasión y asalto de concesiones formales y explotación en parques ecológicos y zonas reservadas), se ha convertido en la principal economía ilegal, una economía ilícita que supera incluso al narcotráfico, a la tala ilegal y otras.

Pero no solo se trata del oro. La posición del Perú en la producción mundial de cobre también aparece comprometida por el avance de la minería ilegal en la explotación de este mineral. En el corredor minero del sur se movilizan alrededor de 200 camiones diarios que transportan el mineral ilegal hacia las plantas de beneficio, dejando un reguero de destrucción ambiental por los sistemas de lixiviación artesanales que se utilizan. Las corporaciones más grandes de la zona, incluso, tienen tajos y zonas con reservas probadas –alcanzadas luego de años de exploración– con invasiones de mineros ilegales.

Uno de los grandes problemas que presenta la lucha contra la minería ilegal es que se pretende desarrollar “un discurso social” que se propone influenciar en los movimientos políticos y candidatos. Este discurso se presenta sobre todo en la existencia de una supuesta lucha entre la gran minería y la pequeña minería. Y a partir de este intento, se desarrollan los discursos más curiosos: desde la existencia de una supuesta minería ancestral hasta las llamadas “concesiones ociosas” de las empresas formales (zonas en exploración, con reservas probadas, pero que todavía no se explotan).

En este contexto, la Comisión de Energía y Minas del Legislativo acaba de aprobar un dictamen que amplía el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2027 y establece la posibilidad de reincorporarse al registro a los más de 50,000 mineros que fueron excluidos por tener las inscripciones suspendidas por más de cuatro años. La gravedad de esta ampliación se debe a que el Reinfo establece la exoneración penal por el delito de minería ilegal de aquellos productores que están tramitando su formalización.

Se sobreentiende que todo proceso de formalización es transitorio. De allí que el Reinfo se haya concebido como un registro con tiempo límite; sin embargo, las sucesivas ampliaciones a lo largo de la última década lo han convertido en permanente. De esta manera los mineros ilegales que asaltan e invaden propiedades utilizan el Reinfo para evitar las sanciones penales establecidas por ejercer minería ilegal.

Una de las cosas más graves del dictamen de la referida comisión del Legislativo es que no se sancionan las prohibiciones que antes existían: no pueden pertenecer al Reinfo quienes cuenten con sentencia firme por minería ilegal y lavado de activos, tal como lo establece el Decreto Legislativo 1106 y sus modificatorias. Igualmente ya no están las prohibiciones para quienes realicen minería en zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas y otros.

En síntesis, la minería ilegal se ha convertido en una amenaza al Estado de derecho porque viola el sistema de propiedad en minería, derrumbando todo el sistema jurídico del país. Y además se convierte en una grave amenaza para la minería moderna, porque se pretende legalizar las invasiones y asaltos a las concesiones formales.