La formalización minera como muro de contención de la minería ilegal

 

La minería ilegal en Pataz (en la región La Libertad) ha dejado en claro que la alianza entre los ilegales de la minería y el crimen organizado podría convertirse en una de las peores amenazas para la minería moderna en el país. El saldo de 9 muertos, 23 heridos y diez torres de alta tensión derribadas en los ataques de las bandas criminales en contra de Minera Poderosa –una empresa que paga impuestos, preserva el medio ambiente, genera empleo y reduce la pobreza– nos revelan la magnitud de la amenaza.

Si a esta situación le agregamos la sorprendente noticia acerca de que en el llamado corredor vial del sur se han multiplicado los mineros ilegales que invaden concesiones de la minería moderna, el asunto se complica cada vez más. Vale anotar que, en el corredor vial del sur se emplazan las minas que producen cerca del 40% del cobre nacional (sobre todo las de Apurímac y Cusco), y que se trata de un área en donde el activismo anti inversión del radicalismo antiminero y de las oenegés de izquierda se ha intensificado en los últimos años. Por ejemplo, la violencia y los ataques contra la minería moderna explican que Las Bambas solo haya producido la mitad de lo proyectado en el 2022.

Ante esta situación, el Ejecutivo comienza a reaccionar de manera adecuada. Se ha decretado el estado de emergencia en Pataz y la instalación de una base militar para combatir a 20 bandas criminales que desarrollan minería ilegal. ¿Semejantes medidas serán suficientes para enfrentar el fenómeno de la minería ilegal? Creemos que no.

A nuestro entender, la minería ilegal en el Perú puede convertirse en un fenómeno que amenace a la minería moderna por el fracaso de la formalización minera. ¿A qué nos referimos? El minero ilegal es el que desarrolla minería sobre concesiones otorgadas por el Estado a las compañías mineras en base a la Constitución y las leyes nacionales. Igualmente desarrolla actividad minera sobre parques nacionales y zonas ecológicas sin considerar criterios mínimos de preservación del medio ambiente. 

El minero informal desarrolla minería sin las autorizaciones legales correspondientes, pero sin violentar los derechos de propiedad de otros. Y, generalmente, se trata de minería de socavón.

El fracaso de la formalización minera explica que los mineros ilegales pretendan camuflarse como eventuales mineros informales e, incluso, se propongan desarrollar movimientos sociales –tal como lo pretende el crimen organizado en Pataz– que alcancen interlocución con las dependencias del Estado. Lo volvemos a subrayar: semejante estrategia es posible porque en el Perú solo existe gran minería y mediana minería formales, mientras que la pequeña minería participa de diversos grados de informalidad.

Considerando que en el Perú existen alrededor de 5,000 operaciones de pequeña minería y alrededor de 400,000 mineros artesanales que trabajan con estas unidades, es evidente que estamos ante un fenómeno de enorme impacto social en las regiones. 

Ahora bien, ¿cuál es la causa del fracaso de la formalización minera? La respuesta está en la descentralización fallida. Los asuntos de la pequeña minería deben ser tramitados ante los gobiernos regionales; sin embargo, en las direcciones regionales de minería apenas se aprueban entre 15 o 20 Instrumentos de Gestión Ambiental y Formalización Minera (IGAFOM) cada año. A ese ritmo la formalización de la pequeña minería se podría concretar en el 2035; es decir, se incuba un grave problema social para el Perú. 

Ante semejante situación se debería concretar una autoridad nacional de formalización minera dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros o del Ministerio de Energía y Minas (Minem). El proceso no debería seguir en los gobiernos regionales.

El Ejecutivo, el Congreso y las entidades del sistema de justicia no pueden contemplar indiferentes cómo se genera un fenómeno que puede terminar amenazando al propio Estado de derecho.