Cajamarca se encuentra en una posición excepcional dent...
En el 2025 la economía creció en 3.4% del PBI a pesar de todas las turbulencias políticas e institucionales que se desplomaron sobre el Perú como virtuales plagas bíblicas: ocho jefes de Estado en vez de dos y un gabinete sin confianza en medio de elecciones generales. A pesar de la endémica crisis política, igualmente, el BCR pronostica que este año el crecimiento de la inversión privada sumará 9.5%, no obstante que el año pasado creció 10%. Es decir, un piso elevado y se sigue creciendo.
No se trata de cualquier dato. La inversión privada representa el 80% del total de lo invertido en el Perú, aporta el 80% de los ingresos fiscales y genera el 80% de los empleos en los mercados formales e informales. La tasa de aumento de la inversión privada entonces es el termómetro principal de la salud de la economía.
Sin embargo, desde el Congreso se está organizando una emboscada letal en contra de la economía de mercado y el régimen económico establecido en la Constitución a través del aumento del gasto público. Con semejantes decisiones absolutamente inconstitucionales –los congresistas no tienen iniciativa de gasto– es imposible que funcione la economía a menos que la deuda pública aumente al 70% tal como ha sucedido en todos los países latinoamericanos que le han dado la espalda al desarrollo.
Un país con esos niveles de deuda (por encima del 35%) necesita seguir aumentando impuestos para el servicio de la deuda; es decir, necesita seguir extrayendo recursos del sector privado que se podrían invertir para generar empleo y expandir las clases medias y la prosperidad. El aumento del gasto público a través de decisiones inconstitucionales parece corresponder al libreto de la izquierda que lleva de narices a las derechas a una celada en contra de un próximo gobierno de la centro derecha que se verá obligado a ajustar la economía.
¿Exageraciones de un derechista proempresarial y capitalista? De ninguna manera. El Congreso acaba de aprobar medidas que implican aumentar el gasto público en alrededor de S/ 7,000 millones a través de beneficios laborales para los trabajadores CAS (S/ 3,800 millones anuales) en tanto que la reforma de pensiones de las fuerzas armadas y policiales representa más de S/ 3,500 millones. Igualmente, la reforma de pensiones en el magisterio suma otros S/ 7,000 millones.
¿De dónde van a salir esos recursos cuando la economía necesita bajar impuestos y duplicar por lo menos el crecimiento? Cualquier nuevo gobierno con sentido común tendría que ordenar este desbarajuste, pero la izquierda estará agazapada como suele hacerlo en todos los países de la región con objeto de desatar la violencia que amenaza la gobernabilidad y el futuro del país.
En cualquier caso, es hora de empezar una gran movilización en la sociedad para salvar la estabilidad fiscal del Perú, un logro que le costó a nuestra sociedad más de tres décadas y varias generaciones, como se dice, que padecieron sangre, sudor y lágrimas. En ese sentido el próximo Ejecutivo debe empezar una cruzada ante el Tribunal Constitucional para demostrar la inconstitucionalidad de estas decisiones legislativas, y el TC deberá asumir su responsabilidad frente a la historia (el actual gobierno de José María Balcázar ni siquiera ha observado estas terribles iniciativas).
No permitamos que el mercantilismo pragmático de Alianza para el Progreso y Podemos, en alianza con los movimientos antisistema, destruyan la estabilidad fiscal de la sociedad. De ninguna manera.
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