La economía rebota, pero siguen faltando las reformas

Es evidente que la frágil estabilidad institucional alcanzada luego del golpe fallido de Pedro Castillo, de una u otra manera, le agrega predictibilidad a la sociedad. Se evitó el adelanto electoral y ,más allá de la precariedad de la situación, existen efectos evidentes en la economía. En primer lugar, se produce un rebote que en abril posibilitó un crecimiento del 5.28%, sobre todo por la expansión de la pesca y la agricultura. En segundo lugar, las provincias del sur, que entraron en grave recesión por la violencia y el colapso del turismo, son las que más rebotan y aportan al crecimiento del PBI. Según el IPE, en el primer trimestre las provincias del sur crecieron 5.7% y contribuyeron con 70% al incremento del PBI.

Semejante estado de cosas, pues, no se explicaría sin la continuidad precaria de nuestro Estado de derecho. Algo parecido sucede con el reinicio de las actividades del proyecto Tía María y la posibilidad del relanzamiento de un nuevo ciclo de inversiones mineras en momentos en que los precios del cobre y el oro siguen alcanzando niveles históricos.

Las proyecciones nos hablan de un crecimiento de más del 3% del PBI y los optimistas comienzan a soñar con el 4%. Sin embargo, entre el pesimismo y el optimismo, siempre vale apoyarse en la realidad. El rebote de la economía es insuficiente para seguir reduciendo la pobreza. Si las cosas siguen por esa ruta, en el mejor de los casos, la pobreza de cerca del 30% de la población se mantendrá hacia el 2026.

El Ejecutivo y el Congreso, entonces, deberían entender en dónde está el problema del bajo crecimiento y los rebotes insuficientes. Es incuestionable que el relanzamiento de la economía está asociado a un escenario en las elecciones del 2026 a favor de la democracia y la economía de mercado. En la medida que surja una alternativa electoral pro mercado y favor de la institucionalidad democrática, los mercados y los actores de la economía se moverán.

Sin embargo, el Ejecutivo y el Congreso sí podrían desarrollar un paquete de reformas mínimas que posibiliten que la frágil estabilidad se transforme en mayor predictibilidad para la economía. Por ejemplo, en la delegación de facultades legislativas del Congreso al Ejecutivo se contempla la posibilidad de aumentar impuestos para incrementar la recaudación fiscal. ¿Por qué se desarrolla ese tipo de razonamiento? ¿Acaso no se entiende que el frenazo de la economía tiene que ver con el tamaño del Estado y el volumen de sobrerregulaciones y procedimientos que se han construido para justificar la proliferación de burocracias a nivel de gobierno central, ministerios, regiones, municipios y todas las dependencias del Estado?

Hoy la única posibilidad de relanzar el crecimiento de la economía pasa por demoler el Estado burocrático que ha surgido en las últimas dos décadas y se ha convertido en el principal enemigo del régimen económico de la Constitución, los 22 tratados de libre comercio firmados por el Perú, y los criterios desreguladores de nuestra economía. En vez de pensar en aumentar impuestos, entonces, el Ejecutivo debería proyectar reducir ministerios y desarrollar la simplificación administrativa del Estado y la eliminación de la burocracia. Finalmente, el Estado peruano –el gobierno central, los gobiernos regionales, municipios y empresas públicas– consume cerca de un tercio del PBI de alrededor de US$ 240,000 millones. Una enorme cantidad para una sociedad de ingreso medio, escasos servicios públicos y una extendida informalidad.

El Perú necesita con urgencia una reforma tributaria y laboral, una reforma educativa y del sistema de salud y la solución de todos los déficits acumulados de infraestructuras, pero todas estas reformas comienzan con el fin del estado burocrático. Únicamente así volveremos a crecer con la fuerza y energía para reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo.