Según la propuesta del Ejecutivo la vigencia del Regist...
Es incuestionable que la frágil estabilidad alcanzada por el sistema democrático, luego del golpe fallido de Pedro Castillo y después de la derrota de las olas de violencia insurreccional, tiene mucho que ver con el rebote de la economía que se empieza a registrar en abril y mayo. En ambos meses se creció sobre el 5%, impulsados sobre todo por el repunte de la manufactura y la pesca, entre otros sectores.
El hecho de que los sectores progresistas y colectivistas no hayan logrado el objetivo de adelantar las elecciones y que las instituciones republicanas permanezcan funcionando, de una u otra manera, explica la reactivación en los mercados. Si las cosas siguen así, las proyecciones económicas para este año tendrán que revisarse al alza. Por otro lado, vale anotar que, si el escenario electoral hacia el 2026 no se caracterizara por la fragmentación y lo impredecible, seguramente los mercados y la inversión privada estarían creciendo a mayor velocidad.
Por su parte, el Ejecutivo y el Congreso, si bien han mantenido la institucionalidad económica y han preservado las columnas del modelo, es incuestionable que se han dedicado a aumentar el gasto corriente, ya sea nombrado a profesores sin concurso, engrosando la planilla estatal o manteniendo los gastos de empresas estatales ineficientes. De allí que el Ejecutivo, incapaz de reducir gastos, haya subido la proyección del déficit del 2% del PBI al 2.8% para este año. Una cifra que preocupa y dispara las alarmas en las calificadoras de riesgo.
Sin embargo, es hora de subrayar y repetir una tesis que hemos venido sosteniendo en este portal cada vez que se reflexiona sobre el futuro de la economía. El Perú está condenado a un crecimiento vegetativo –es decir, a bajas tasas de crecimiento que solo aumentarán la pobreza y, finalmente, empujarán a la involución estatista– si no se desarrolla una nueva ola de reformas estructurales.
¿A qué nos referimos? En las últimas dos décadas, mientras la economía se cuadruplicaba y la pobreza se reducía del 60% de la población a 20% antes del gobierno de Castillo (allí empezó el retroceso), el Estado comenzó a sobrerregularse, a llenarse de procedimientos y burócratas que se convirtieron en una muralla en contra de las inversiones privadas y las iniciativas de la sociedad en general. Desde la gran empresa minera hasta el bodeguero del barrio comenzaron a padecer los efectos de la burocratización del Estado. De esta manera se detuvieron y bloquearon inversiones en minería, agroexportaciones, infraestructuras, turismo, pesca y otros.
El Estado se burocratizó y se convirtió en la principal fuente de pobreza e informalidad, no obstante que este consume un tercio del PBI nacional, del orden de más de US$ 240,000 millones. Una suma enorme para un Estado en una sociedad de ingreso medio.
Es evidente, pues, que la gran reforma, urgente e inmediata, que debe implementar el Perú, al margen del curso de las elecciones del 2026, es el fin del Estado burocrático. Un objetivo de ese tipo es absolutamente posible si existe voluntad. Sobre esa decisión se puede avanzar a otras reformas centrales, como las reformas tributaria y laboral, y las reformas de la educación y de la salud, claves para desarrollar un capital humano capaz de competir en los mercados globales y diversificar la economía. El mismo impulso debería desarrollarse para las inversiones en infraestructuras.
En síntesis, lo que pretendemos sostener es que ningún espejismo de las cifras puede negar que el Perú requiere con urgencia reformas que aumenten la productividad y el potencial de nuestro crecimiento.
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