La disyuntiva de Vizcarra: formalizar o no la minería

Ha trascendido que el Ejecutivo estaría a punto de nombrar a la abogada Sandra Rossi Ramírez como directora general de Formalización Minera, la oficina del Ministerio de Energía y Minas encargada de promover la formalización minera en el Perú. Pero existe un insalvable problema que podría llevar a una colisión con las organizaciones de mineros artesanales, incluso podría derivar en un nuevo y grave conflicto social.

Sucede que la abogada Rossi fue mano derecha del ex ministro del Medio Ambiente del humalismo Manuel Pulgar Vidal, quien promovió toda la legislación que ha convertido el proceso de formalización en un verdadero fracaso. La mencionada funcionaria fue coordinadora de la Procuraduría Pública del sector Medio Ambiente entre el 2010 y el 2013, y en la actualidad es procuradora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), una de las entidades del Estado abiertamente en contra de la formalización de la minería artesanal.

El posible nombramiento no solo desataría un nuevo conflicto social, sino que plantea una disyuntiva de fondo a la administración Vizcarra: continuar o no con la política humalista de formalización que luego persistió con el gobierno de PPK. Es decir, continuar o no con el fracaso de la formalización de la minería.

¿Por qué hablamos de fracaso? Con la legislación implementada por Manuel Pulgar Vidal, de un total de 400,000 mineros artesanales solo 70,000 firmaron una declaración de compromiso para participar del proceso, y apenas 30,000 superaron la llamada “etapa de saneamiento legal”. Finalmente solo 113 pequeños mineros lograron formalizarse. Diversos cálculos señalan que desde el 2012 se ha exportado informalmente alrededor de US$ 15,000 millones en oro con la consiguiente pérdida fiscal para el Estado.

La base de este fracaso está en el Decreto Legislativo 1100, que establece que el minero artesanal que pretenda formalizarse debe presentar las declaraciones juradas anuales de los últimos cinco años, los contratos de explotación de la mina, la cuantificación de las reservas probadas, el RUC y todos los demás requisitos que se exige a la gran minería y los formales. ¿Qué minero informal puede cumplir esos requisitos? Ninguno. De lo contrario, sería formal. Pero eso no es todo. El Decreto Legislativo 1105, promulgado durante el nacionalismo, considera que la figura de minería ilegal debe aplicarse a los productores artesanales que incumplen regulaciones administrativas, técnicas, ambientales o sociales. En otras palabras, prácticamente, a todos los mineros informales. Durante el pepekausismo se promulgó el Decreto Legislativo 1244 que señala que los delitos de minería ilegal forman parte de los delitos de crimen organizado. Con ello se terminó de levantar todo el armazón legal para excluir.

Si a esto le agregamos que la SUNAT y la OEFA priorizan sanciones, multas, embargos y pérdidas de dominio de los activos de los mineros informales sobre cualquier política formalizadora del Estado, entonces tenemos la muralla perfecta que algunos han levantado para evitar la formalización de los pequeños mineros.

Es por todas estas consideraciones que el Gobierno de Vizcarra debe decidir si continúa con las políticas humalistas de formalización —que solo excluyen y humillan a los productores artesanales— o si avanza a una política de Estado que apueste por la formalización y logre un desarrollo armónico entre la gran, mediana y pequeña minerías. Si el Gobierno opta por el cambio, entonces de ninguna manera debería considerar la posibilidad de nombrar a la abogada Rossi en la Dirección General de Formalización Minera.

El asunto es muy grave. Algunos no perciben que la exclusión y marginación convierte al movimiento social de los mineros artesanales —que es una fuerza capitalista, promercado y proempresa— en un actor desesperado, que puede caer bajo la influencia de las propuestas antisistema que buscan enfrentar a la pequeña minería con las grandes inversiones.