Guerra política y la recesión que puede asomar

El informe de indicadores económicos del semanario The Economist acaba de revelar que la economía peruana decreció 5.3% en el primer trimestre del 2019. Más allá del debate generado por la comparación entre el primer trimestre de este año y el último del 2018 y la correspondiente estacionalidad, en el acto, las luces amarillas y rojas comenzaron a encenderse; sobre todo considerando la guerra política que ha desatado el Ejecutivo con el Legislativo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la constante caída de la inversión privada desde el 2014.

No se trata de ser alarmista, pero los economistas sostienen que la caída del PBI en dos trimestres consecutivos significa que una economía entra en recesión. ¿La administración Vizcarra logrará lo que siempre pareció inimaginable? La trayectoria de la inversión privada también es extremadamente preocupante. En el 2010 representaba el 25.8% del PBI y en el 2012 sumaba el 15.6%. A partir del 2014 la tasa de inversión privada empezó una línea descendente: apenas creció 2.2%. El 2015 cayó en -4.2%, el 2016 en -5.4%, y el 2017 hubo una imperceptible recuperación de 0.2% y en el 2018 aumentó en 4.4%. De acuerdo a algunas teorías económicas con semejante caída de la inversión privada el Perú hace rato ya está en recesión.

¿Cómo explicar esta situación? Las causas internas son determinantes. No solo se trata de la guerra política, sino de un Estado que sigue creciendo, que sigue aumentando la planilla estatal como si los socialistas, los estatistas o comunistas hubiesen llegado al poder. Las cifras son estremecedoras. En el 2006 el presupuesto del Estado sumaba S/ 50,700 millones, pero este año sobrepasa los S/ 165,000 millones. Y lo extremadamente grave: cerca del 70% se destina a gasto corriente (planillas). Las señaladas sumas indican que el Estado comienza a consumir más del 30% del PBI.

En este contexto, los burócratas del Estado solo pretenden seguir ahogando a los sectores formales, que financian el presupuesto en medio de una informalidad que sobrepasa el 60% de la economía. Las llamadas normas antielusivas apuntan en ese sentido, mientras las campañas anticapitalistas acerca de que “la gran empresa no paga impuestos” tienen eco en los medios, no obstante que el sector privado financia más del 80% de los ingresos del Estado.

En medio de la feroz guerra política desatada por el Ejecutivo y de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y un Estado que solo pretende ajustar a los privados que tributan para financiar una planilla estatal que crece desbocada, ¿qué posibilidades de crecimiento pueden existir? ¿Acaso no se entiende que los mercados son organismos vivos que solo respiran información pública (que hoy es tóxica)?

El crecimiento de 2.5% en promedio en el primer trimestre es absolutamente insuficiente para reducir pobreza. Los economistas sostienen que se necesita crecer al menos 4% para absorber la demanda de empleo de más de 250,000 jóvenes que se incorporan cada año al mercado laboral. Recesión y aumento de la pobreza, son los fantasmas que vuelven a amenazar a la sociedad peruana.

En el escenario de confrontación resulta casi imposible que la élite política tramite algunas reformas económicas y sociales (al margen de las reformas política y judicial) que permitan relanzar el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza. No parece viable la urgente reforma laboral ni las reformas legislativas para impulsar las inversiones en infraestructuras a través de las asociaciones público privadas y el sistema de obras por impuestos. La rigidez laboral le resta cualquier posibilidad de productividad y competitividad a las empresas, y los déficits de infraestructura crean cuellos imposibles de superar en los mercados.

La administración Vizcarra comienza a lograr lo que parecía imposible: paralizar al país. Devastador.