Golpear a las economías ilegales para detener el desborde criminal

De acuerdo con la organización Capital Humano y Social (CHS) Alternativo en cooperación con Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS), las economías ilegales en el Perú movilizan alrededor de US$ 6,657 millones; aunque otras entidades hablan de US$ 8,000 millones que manejan las economías ilegales. Lo cierto es que las actividades ilegales en medio de la creciente informalidad de la economía y la sociedad (más del 60%) se han convertido en una zona negra que afecta a toda la economía: allí están el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, la trata de personas que, de una u otra manera, comienzan a atravesar a toda la sociedad.

Vale señalar que la naturaleza intrínseca de las economías ilegales está a favor de promover todas las tendencias antisistema, de todos las fuerzas que buscan quebrar el Estado de derecho, porque el desarrollo de estas actividades solo puede avanzar en contra de la Constitución, las leyes nacionales y los sistemas de derecho de propiedad. De allí que las economías ilegales suelen aliarse con el crimen organizado nacional e internacional.

Semejante fenómeno obviamente comenzó con el avance del narcotráfico en la región. En un reciente informe de las Naciones Unidas se establece que la producción de cocaína en base al cultivo de la hoja de coca es un fenómeno delictivo que une a Colombia, Perú y Bolivia. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) las actividades del narcotráfico entre el 2021 y el 2022 se incrementaron en 20%. Los cárteles internacionales buscan desarrollar corredores del delito entre las zonas de producción y los puertos de embarque del producto ilícito. En ese contexto, en la mayoría de las ciudades de América del Sur, de Centroamérica y de México el incremento de la ola criminal es exponencial, a través de bandas que también se dedican a la extorsión, secuestro, sicariato y prostitución.

En ese escenario se entiende el desborde de la ola criminal que se padece en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, por ejemplo. No obstante, el avance del delito y el superciclo de precios de los minerales, tales como el oro y el cobre, ha determinado la explosión de la minería ilegal que, por su propia naturaleza, busca aliarse con todas las fuerzas antisistema e, incluso, con bandas internacionales del crimen organizado. Según la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMP) la minería ilegal mueve alrededor de US$ 4,000 millones, considerando que hay un desbalance entre la producción formal y el volumen nacional exportado de más de dos millones de onzas de oro.

Es incuestionable, pues, que las economías ilegales necesitan alimentar y promover el desborde criminal porque es la manera más directa de erosionar el Estado de derecho, convertir los derechos de propiedad en letra muerta y avanzar en sus objetivos económicos ilegales. Un Estado desbordado por una ola criminal que afecta a toda la sociedad, a pobres y ricos, a grandes empresas y pequeñas bodegas, no puede luchar en contra de las economías ilegales y los movimientos antisistema que buscan hacer volar por los aires todo el sistema de derechos de propiedad, todos los contratos firmados entre los privados y los principios establecidos en la Constitución y las leyes nacionales.

Por todas estas consideraciones, el Estado de derecho debe erradicar a las economías ilegales para detener el desborde criminal. No hay tiempo que perder.