Formalizar la minería y preservar el sistema de propiedad en minería

El Perú debe enfrentar, como se dice, sí o sí, a la minería ilegal si pretende preservar su Estado de derecho y evitar un problema de seguridad hemisférica. ¿A qué nos referimos? El avance de la minería ilegal –con sus invasiones y asaltos de las concesiones mineras– erosiona y destruye el sistema de propiedad en minería vigente en las últimas décadas. De esta manera se viola todo el sistema de derecho de propiedad consagrado en la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales. El Estado de derecho se vuelve letra muerta en este terrible contexto.

Por otro lado, si el Estado constitucional no enfrenta la minería ilegal, con los precios de la onza de oro cerca de los US$ 5,000 y la libra del cobre sobre los US$ 6.5, el avance de este fenómeno ilegal se volverá incontrolable. En ese momento los cárteles del crimen organizado mundial serán notificados de que en el Perú hay un gran negocio y se trasladarán a territorio nacional. He allí entonces por qué la minería ilegal se puede convertir en un fenómeno de seguridad hemisférica.

Por todas estas consideraciones el nuevo Congreso debe asumir con extrema responsabilidad el desarrollo de una legislación para desterrar la minería ilegal en el Perú. Una actitud que debe alejarse de los populismos y de los extremismos que suelen apostar por la destrucción del Estado de derecho y el sistema de propiedad en el Perú.

En ese sentido no se debe aceptar una nueva prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) del sector Energía y Minas, porque la inscripción en este registro exonera de las responsabilidades penales por la comisión del delito de minería ilegal. Significaría un grave error una sexta ampliación del Reinfo porque estaríamos ante la conversión de un registro transitorio en uno permanente, un registro que es utilizado por los mineros ilegales para invadir las concesiones de las empresas formales que pagan impuestos, preservan el medio ambiente y generan empleo formal. 

La cancelación del Reinfo, inevitablemente, implica la aprobación de una Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) que posibilite la formalización de las pequeñas unidades de minería.  En esta nueva ley se deben establecer los procedimientos permanentes de la formalidad de las unidades pequeñas. En este contexto, la nueva Ley MAPE debe partir del reconocimiento del sistema de propiedad en minería porque únicamente los mineros ilegales han pretendido plantear que existe una especie de lucha de clases entre las grandes, medianas y pequeñas concesiones. Según estas argumentaciones la informalidad y la ilegalidad se explica porque “los grandes acaparan concesiones ociosas”. Una mentira de principio a fin porque solo el 14% del territorio nacional está concesionado. El resto representa un enorme espacio para desarrollar minería moderna y formal.

El sistema de propiedad en minería en el país es el mismo sistema que le ha permitido a Canadá, Australia y Chile convertirse en potencias mineras del mundo y, por supuesto, también al Perú. Mediante este sistema de concesiones se otorgan títulos con más de 10,000 hectáreas con el objeto de que la empresa explote el mineral que está como reserva probada, mientras se desarrolla una intensa labor de exploración en el resto de la concesión.

De esta manera la empresa no solo explota el mineral encontrado, sino que amplía las reservas probadas de mineras a través de la incesante exploración. Gana la empresa, la comunidad y el Estado. Así el Perú ha llegado ser una potencia mundial en cobre y ha logrado atraer más de US$ 60,000 millones en inversiones. La minería ilegal pretende que las reservas encontradas mediante la exploración y que todavía faltan explotar se consideren como concesiones ociosas. 

¡Una barbarie legislativa y económica!