Cuando estaba vigente de la Ley de Promoción Agraria &n...
Los terribles hechos que combinan minería ilegal, crimen organizado y virtuales actos terroristas en la provincia de Pataz en la Libertad, en contra de la minería moderna, que paga impuestos, genera empleo y es uno de los principales motores en contra de la pobreza, deberían desatar todas las alarmas nacionales habidas y por haber. Estamos ante un fenómeno que puede convertirse en una amenaza nacional para la minería moderna y el desarrollo nacional, sobre todo luego de haber observado cómo el crimen organizado pretendió jaquear el Estado de derecho en Ecuador.
En el ataque a la minera Poderosa en Pataz murieron 9 trabajadores de la empresa, hubo más de 23 heridos y, recientemente, se derribó una torre de alta tensión para detener las operaciones mineras. Con el último acto se sumaron nueve torres de alta tensión derribadas por la minería ilegal y el crimen organizado.
Considerando que en los últimos meses se han multiplicado las invasiones de mineros ilegales en las concesiones de la minería moderna en el corredor vial del sur, es incuestionable que el Perú enfrenta un problema nacional que impone, igualmente, una respuesta nacional. En el corredor vial del sur se emplazan las minas que producen alrededor del 35% del cobre nacional y las amenazas de la minería ilegal se multiplican en las regiones de La Libertad, Apurímac, Cusco y otros.
Una de las primeras acciones que debería desarrollar el Ejecutivo es restablecer el Estado derecho en las concesiones mineras invadidas por la minería ilegal. De ninguna manera se debería permitir que la situación se prolongue en el tiempo. Sin embargo, a nuestro entender, una de las claves para enfrentar a la minería ilegal que viola el derecho de la propiedad de las concesiones de la minería moderna –consagradas en la Constitución, las leyes nacionales y los contratos firmados por el Estado– y que también se desarrolla en zonas reservadas y parques nacionales, debería pasar por la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal que pretende formalizarse y no tiene los canales adecuados para hacerlo.
Si se formaliza a la pequeña minería, la minería ilegal y el crimen organizado se quedarían sin espacio para mimetizarse en sectores sociales más amplios. Por ejemplo, en el Perú existen alrededor de 5,000 operaciones de pequeña minería y cerca de 400,000 mineros artesanales que trabajan con estas unidades. ¿Cuál es el gran problema en la formalización?
El proceso de formalización de las pequeñas unidades de minería se desarrolla ante los gobiernos regionales. Sin embargo, en las direcciones regionales se suelen aprobar no más de 15 o 20 Instrumentos de Gestión Ambiental y Formalización Minera (IGAFOM) –estudios de impacto ambiental más simplificados– que representan una de las condiciones sin las cuales no se puede avanzar en la formalización de las pequeñas unidades.
La formalización minera entonces está fracasando por la descentralización y la manera cómo están conformadas las regiones. Ante esta situación se hace necesario volver a centralizar el proceso de formalización en una autoridad nacional dependiente del sector Energía y Minas o de la Presidencia del Consejo de Ministros.
En cualquier caso, es hora de entender que si no se formaliza la pequeña minería que pretende sumarse a la legalidad, al cumplimiento de las obligaciones fiscales, al cuidado del medio ambiente y a la generación de empleo y riqueza, el espacio de la minería ilegal y el crimen organizado será muy amplio y peligroso.
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