¡Formalización minera para relanzar la minería moderna!

Es evidente que el Congreso ha cometido un grave error al derogar las disposiciones transitorias del Decreto Legislativo 1607, que establecían claras fronteras entre la legalidad e ilegalidad en la pequeña minería. Sin embargo, si alguien considera que la formalización minera es únicamente asunto de represiones e interdicciones comete un grave error, porque se estaría creando un gigantesco problema social que utilizarían los mineros ilegales, que han comenzado a aliarse con bandas criminales en la provincia de Pataz en La Libertad.

Antes de entrar en materia vale definir un tema fundamental: la minería ilegal es la que se desarrolla sobre concesiones otorgadas por el Estado en base a la Constitución y las leyes. La minería ilegal, entonces, viola los derechos de propiedad e, igualmente, desarrolla actividades sobre zonas reservadas y parques nacionales destruyendo el medio ambiente. La minería ilegal en Pataz se ha aliado con bandas criminales desarrollando una espiral de violencia en contra de Minera Poderosa y Aurífera Retama, dos empresas modernas que pagan impuestos, preservan el medio ambiente, crean empleo y son motores antipobreza. La violencia ya ha causado 9 trabajadores muertos, 23 heridos y diez torres de alta tensión derribadas.

Planteada las cosas así, la minería informal, pues, es la que explota el mineral sin las autorizaciones y licencias respectivas, pero sin violar derechos de propiedad existentes. Diversas aproximaciones señalan que, en el Perú, existen alrededor de 5,000 pequeñas unidades de minería que contratan más de 400,000 mineros artesanales. Si consideramos las familias detrás de unidades de producción y trabajadores, entonces, estamos hablando más de dos millones de personas vinculadas a estas actividades. 

Si planteamos que el asunto solo se reduce a interdicción, estaríamos creando el peor problema de gobernabilidad de las últimas décadas, que sería ampliamente utilizado por el antisistema y la criminalidad organizada. Antauro Humala, con su conocido histrionismo, ha sostenido que “la mina es para quien la trabaja”, intentando reeditar la tragedia velasquista que nos hundió en la pobreza con su famoso “la tierra es para quien la trabaja”.

Hay, pues, que abordar el problema de la formalización minera para preservar la Constitución y relanzar la minería moderna en el Perú, que ha sido detenida por el radicalismo antisistema. En ese sentido, la formalización de la minería en el Perú ha fracasado una vez más por la fallida descentralización. Las direcciones de minería de los gobiernos regionales –encargadas de la formalización de la pequeña actividad– solo pueden tramitar entre 15 o 20 Instrumentos de Gestión Ambiental (Igafom) –especie de estudios de impacto ambiental– cada año. Considerando que hay 5 mil operaciones, ¿cómo se puede avanzar en el proceso? Por otro lado, la Superintendencia Nacional de control de servicios de seguridad, armas, municiones y explosivos de uso civil (Sucamec) ha demostrado ineficiencia para otorgar autorizaciones de uso de explosivos para la minería artesanal. Por este problema se desarrolla un mercado ilegal de uso de explosivos que favorece las estrategias de la minería ilegal y las bandas criminales.

Ante esta situación, ha llegado la hora de que el Ejecutivo y el Congreso promuevan una nueva ley para la formalización minera que contemple la creación de una autoridad nacional de formalización minera dependiente del Ejecutivo. Un organismo de esta naturaleza debería centralizar todas las regulaciones y procedimientos para la formalización minera en una ventanilla única y proceder a resolver un grave problema para la gobernabilidad.