Flexibilidad laboral: la gran protagonista de la reforma laboral

En el Perú más del 70% de la población económicamente activa —alrededor de 12 millones de trabajadores— se encuentra en la informalidad, sin acceso a seguro de salud, pensión ni derechos laborales básicos. Esta realidad, lejos de reducirse, se agrava en las zonas rurales, donde alcanza el 94%; y entre los jóvenes de 14 a 24 años, en los que llega al 85%. Se trata de una de las tasas más altas de la región y revela un problema estructural que el país no ha sabido resolver.

Existen múltiples diagnósticos sobre las causas de la informalidad, pero uno de los factores más determinantes es la falta de libertad para contratar y despedir. En el año 2001, una sentencia del Tribunal Constitucional estableció que, ante un despido arbitrario, el trabajador podía optar entre la indemnización o la reposición del trabajador a su puesto. En la práctica, este criterio introdujo una forma de estabilidad laboral casi absoluta que desincentiva la contratación formal, especialmente en las pequeñas unidades productivas. 

Este criterio del Tribunal Constitucional, además de ser contrario al espíritu económico de la Constitución —el cual garantiza las libertades económicas y rol subsidiario del Estado frente al sector privado—, generó un sistema peligrosamente similar al empobrecedor modelo laboral del “Estado Plurinacional de Bolivia”, creado por Evo Morales y el Movimiento de Acción al Socialismo (MAS), el cual obliga al empleador a reincorporar al trabajador despedido en un plazo de cinco días, bajo amenaza de proceso judicial de oficio. En otras palabras, la sentencia del TC nos acercó a un modelo anti inversión privada y anti empresarial, que tiene la inamovilidad laboral como dogma, los costos excesivos como consecuencia y la informalidad como salida.

El efecto ha sido evidente. Estudios como "Los efectos desprotectores de la protección del empleo" —de Miguel Jaramillo, Julio Almonacid y Luciana de la Flor— concluyen que el efecto inmediato fue la reducción en los contratos a plazo indeterminado, dado que se instaló una rigidez absoluta en cuanto a la contratación y despido. La posibilidad de reposición laboral genera rigideces que elevan el riesgo de contratar; en particular para las micro y pequeñas empresas, que representan el 99.4% del tejido empresarial y concentran cerca del 90% del empleo privado. En este contexto, el empleo formal deja de depender de la productividad y la rentabilidad, y pasa a estar condicionado por decisiones administrativas o judiciales. El resultado es predecible: menos contratos formales y más informalidad.

A ello se suman los elevados costos no salariales. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, contratar formalmente a un trabajador en el Perú implica un sobrecosto de 71,7% adicional al salario —aportes al sistema de salud, pensiones, gratificaciones, vacaciones, CTS, primas de seguro e indemnizaciones por despido—, muy por encima del promedio regional de 51,1%. Así, una pequeña empresa que paga S/ 1,200 mensuales termina asumiendo más de S/ 2,000 en costos laborales. En un entorno de baja productividad y márgenes estrechos, esta estructura resulta simplemente inviable.

No sorprende entonces que solo una fracción minoritaria de los empleos generados por las pymes sea formal. La rigidez normativa y los altos costos empujan a las empresas a operar al margen de la ley, aun cuando ello implique trasladar la precariedad al trabajador. Es una distorsión en la que un sistema diseñado para proteger termina excluyendo a la mayoría.

La evidencia internacional muestra un camino distinto. Las economías que han logrado reducir el desempleo y elevar la formalidad combinan flexibilidad laboral con sistemas eficaces de protección social; como empobrecedor modelo laboral del “Estado Plurinacional de Bolivia”, creado por Evo Morales y el Movimiento de Acción al Socialismo (MAS). En cambio, países como Dinamarca, Alemania o Japón no buscan blindar un puesto de trabajo específico, sino asegurar que el trabajador pueda transitar rápidamente hacia uno nuevo. Ese enfoque permite dinamizar el mercado laboral sin abandonar la protección social.

En ese sentido, la discusión no pasa por eliminar derechos laborales, sino por rediseñarlos para que sean sostenibles y realmente accesibles. Reducir los sobrecostos de la formalidad, flexibilizar las modalidades de contratación y fortalecer las políticas de reempleo son pasos indispensables para avanzar hacia un mercado laboral más inclusivo.

Mientras no se corrijan estas distorsiones, el país seguirá atrapado en una paradoja: un sistema que reconoce derechos en el papel, pero que en la práctica deja fuera a la mayoría de los trabajadores. La reforma laboral, por tanto, no es una opción ideológica, sino una necesidad urgente para construir un mercado de trabajo que funcione.