¿El Régimen Laboral Juvenil para cuándo?

Hace poco tiempo Sylvia Cáceres, titular del Ministerio de Trabajo (MTPE), señaló que el Régimen Laboral Juvenil “llegará con incentivos”, con programas de capacitación y oportunidades de empleo por parte del MTPE. También en ese ministerio se había indicado que la norma sería importante por la alianza entre el Estado y el sector empresarial para fomentar entre los jóvenes la formación laboral de manera práctica y en la vida real. 

Durante el humalismo se aprobó la Ley Nº 30228 que desató protestas juveniles, manipuladas por los sectores anticapitalistas, y que obligaron al Gobierno a dejar de lado la norma. A los jóvenes los engañaron, les dijeron que por esa ley serían explotados y que trabajarían gratis, como esclavos, sin beneficios laborales. Después de esta experiencia se conoció la propuesta del ex ministro de Trabajo Alfonso Grados, el proyecto de Ley 1104/2016-PE, durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. La iniciativa consideraba el aporte del Estado a EsSalud de 9% del salario de los jóvenes (entre 18 y 29 años), durante tres años; además de los derechos a CTS, vacaciones por 15 días y contratos por un mínimo de seis meses y un máximo de tres años.  Semejante proyecto comienza a quedarse en el olvido porque el presidente de la República, Martín Vizcarra, continúa en guerra con el Legislativo 

Por la falta de autoridad en el Ejecutivo, la izquierda peruana y el marxismo hoy bloquean las vías públicas en Arequipa, protestando contra el proyecto de cobre Tía María y deteniendo las inversiones que ofrecen nuevos puestos de trabajo. Esta izquierda que manipula a los pobladores del valle de Tambo es la misma izquierda que manipula a los jóvenes, demonizando cualquier propuesta laboral juvenil. Por ellos, unos 300,000 jóvenes están perdiendo la posibilidad de integrarse a la población económicamente activa: Y en consecuencia, son orientados hacia la delincuencia y el narcotráfico por la falta de empleo formal. Al dirigente marxista subsidiado no le interesa que unos siete millones de jóvenes laboren de manera informal, sin derechos de ninguna clase, desprotegidos totalmente. 

En el país existen 39 regímenes laborales, 15 de ellos relacionados con las contrataciones estatales, entre ellos de fiscales, diplomáticos, militares y policías; entre esos regímenes están el Contrato Administrativo de Servicio (CAS) y otros. En el sector privado tenemos regímenes para los trabajadores agrarios, personal de confianza, microempresa, practicantes, entre otros 24 regímenes distintos. La gran reforma nacional sería la estandarización de una sola ley laboral para reducir la conflictividad y dejar de excluir y segmentar a los trabajadores. 

Lamentablemente, pero con razón, el sector privado se resiste a contratar a los jóvenes sin experiencia porque —lejos de ofrecer resultados en las primeras semanas, meses y hasta años después de contratados— producen gastos innecesarios y hasta perjuicios durante su permanencia en el trabajo, por su poca o nula formación y capacitación laboral en escenarios reales. En este contexto, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más absorben a los trabajadores jóvenes, habría que otorgarles ciertas compensaciones para también formalizar sus actividades. 

Cualquier intento de modificación legal para mejorar la situación laboral de los trabajadores es rechazado por la izquierda peruana, para reclamar “derechos laborales ganados”. Es decir, para que continúen las concesiones que el Estado, por mucho tiempo, otorgó a ciertos sectores del país. Esa izquierda no llega a entender que las labores en el presente siglo difieren abismalmente de las que hubo en el siglo pasado. 

Hay que señalar también que es sorprende la manera como un sector de los medios de comunicación aborda estos temas. En lugar de orientar, señalando las ventajas de las propuestas legislativas u ofreciendo aportes para mejorarlas, se ponen del lado de quienes demonizan todo intento de formalizar la situación laboral de los más jóvenes. Descalificar las propuestas legislativas y alentar las protestas en la calles no contribuye a generar un debate serio.