El radicalismo antiminero, las oenegés y la minería ilegal

Desde las reformas económicas de los noventa y bajo el imperio de la Constitución de 1993 la minería moderna en el Perú ha estado virtualmente bajo los más diversos ataques de parte de las corrientes progresistas y colectivistas.  Los señalados sectores necesitan del aumento de la pobreza para viabilizar sus estrategias de poder. En función de ese objetivo buscan detener el capitalismo que multiplica el PBI y reduce la pobreza. Y para materializar ese plan necesitan bloquear y liquidar a la minería moderna en el país.

En ese camino las fuerzas antisistema han ensayado las más diversas recetas. En un principio se desarrollaron narrativas y fábulas ambientalistas que señalaban que la inversión en recursos naturales amenazaba los recursos hídricos destinados al consumo humano y la agricultura. Desde el 2012 para adelante, bajo el gobierno nacionalista, estos relatos se intensificaron hasta que, finalmente, se detuvieron los proyectos de Tía María en Arequipa y minas Conga en Cajamarca. Si uno analiza por qué se han detenido estas inversiones en cobre no encontrará un solo argumento racional o atendible, más allá de las fábulas del radicalismo antiminero y las oenegés anticapitalistas que suelen reclamarse defensoras del medio ambiente.

El argumento para detener a Conga y Tía María fue la fuerza y la violencia de minorías que bloquearon carreteras y asaltaron los proyectos. Sin embargo, lo más grave fue la sobrerregulación que sobrevino en los ministerios y el Estado en general con respecto a las inversiones mineras, luego del predominio de estas narrativas en la sociedad y los medios de comunicación. El resultado: la minería peruana fue paralizada y la última megainversión conocida fue la de Quellaveco.

De esta manera, un país con una cartera de inversiones de más de US$ 53,000 millones se estancó en un crecimiento de menos de 3% y se convirtió en una sociedad que aumenta la pobreza, sobre todo luego del gobierno de Pedro Castillo.

Más tarde la estrategia del radicalismo antiminero y de las oenegés anticapitalistas no solo se focalizó en detener nuevas inversiones, sino en bloquear a las minas en producción. Por ejemplo, los bloqueos y asaltos a las minas del corredor minero del sur –que producen cerca del 40% del cobre nacional– determinó que Las Bambas en el 2022 produjera apenas 220,000 toneladas métricas de cobre (TMC), no obstante tener una proyección anual de 400,000 TMC. ¿Cómo el país no va a entrar en recesión o en un ciclo de bajo crecimiento?

Hoy surge una nueva amenaza en contra de la minería moderna en el país. La minería ilegal que se desarrolla con el asalto y las invasiones de las concesiones en exploración y explotación de la minería moderna. En la provincia de Pataz, en la Libertad, se ha detectado que, entre setiembre del año pasado y febrero del 2024, han salido 3,417 volquetes cargados de mineral que no trabajan con las empresas formales: minera Poderosa, Aurífera Retama y Horizonte. También vale señalar que la alianza de los mineros ilegales en Pataz ha derribado 15 torres eléctricas y ocasionado numerosas pérdidas humanas: 9 trabajadores de las minas muertos y 23 heridos.

En el corredor minero del sur, igualmente, a inicios de este año se han multiplicado las invasiones de mineros ilegales a las concesiones de la minería moderna. Se acaba de conocer la detención de cuatro mineros ilegales en el puente de Challhuahuacho, en la provincia de Cotabambas, quienes transportaban 60 toneladas de cobre puro en dos volquetes, con las tolvas descubiertas, una producción valorizada en alrededor de S/ 3 millones.

Sin embargo, el radicalismo antiminero y las oenegés anticapitalistas no condenan la minería ilegal en el corredor vial del sur. ¿Por qué? ¿Acaso no saben que los volquetes con las tolvas descubiertas contaminan el corredor vial del sur? Todo indica que el radicalismo antiminero y las supuestas oenegés ambientalistas solo buscan detener la producción nacional de cobre para favorecer a los competidores extranjeros del país.

En cualquier caso, debemos restablecer el Estado de derecho en las zonas mineras para conjurar estas amenazas.