El peligro de la minería ilegal en el corredor vial del sur

 

Unos días atrás se conoció que la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP) había detenido en el puente Challhuahuacho, provincia de Cotabambas en Apurímac, a cuatro mineros ilegales que, en dos volquetes, transportaban 60 toneladas de cobre puro. El valor de la producción ilegal sumaba más de S/ 3 millones.

Una inmediata pregunta que surge es, ¿por qué eran mineros ilegales? Porque explotaban el mineral en las concesiones que el Estado peruano ha otorgado a las empresas modernas que invierten miles de millones de dólares en explorar y explotar el mineral. El asunto se agrava en extremo porque desde inicios de este año se conoce de la multiplicación de diversos focos de minería ilegal en el llamado corredor vial del sur, en donde se emplazan las minas que producen cerca del 40% del cobre nacional.

Diversos asentamientos de minería ilegal comienzan a aparecer alrededor de las concesiones de Hudbay, Antapaccay, Las Bambas y la minería moderna en general de la zona, luego de haberse conocido que la alianza de los mineros ilegales con el crimen organizado en la provincia de Pataz en la Libertad, ha desatado una ola de violencia. En Pataz la violencia de la minería ilegal ha dejado 9 trabajadores muertos, 23 heridos, 9 torres de alta tensión derribadas y diversos ataques a Minera Poderosa y Aurífera Retama, empresas modernas que pagan impuestos, generan empleo y son verdaderos motores en contra de la pobreza.

La presencia de la minería ilegal en el corredor vial del sur, pues, representa una verdadera amenaza para la minería moderna en la zona. En ese sentido, llama la atención que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, durante su exposición ante el Congreso para conseguir el voto de confianza, no haya explicitado la voluntad del Ejecutivo de recuperar el Estado de derecho ante el avance de la minería ilegal.

Si el Ejecutivo y las instituciones vinculadas al sistema de justicia no entienden la gravedad del problema del avance de la minería ilegal sobre las concesiones de la minería moderna, tarde o temprano, el fenómeno se convertirá en la peor amenaza para la inversión minera.

Vale recordar que los movimientos radicales antimineros y las oenegés anticapitalistas que desarrollan supuestas defensas del medio ambiente hasta hoy no se han pronunciado abiertamente en contra de la minería ilegal como si estas actividades no representarán amenazas a la ecología de las poblaciones. Por ejemplo, la captura de los cuatro mineros ilegales que transportaban 60 toneladas en dos volquetes con las toldas descubiertas no causa ninguna condena de parte de las oenegés de izquierda. Vale recordar que las empresas de la minería moderna transportan el mineral con camiones con tolvas encapsuladas, es decir herméticamente cerradas. Aquí sí las condenas y alertas se multiplican sin razones.

El silencio de las oenegés ambientalistas permite especular que, en realidad, estas organizaciones nunca han defendido el medio ambiente, sino que siempre pretendieron paralizar las inversiones mineras para favorecer a nuestros competidores internacionales. Como se sabe, con cada mina paralizada o cada tonelada de cobre sin producir, el precio del metal rojo sube en las bolsas internacionales.

Para tratar de entender la gravedad del problema, imaginemos que las concesiones de la minería moderna en el corredor vial del sur son reemplazadas por centenas de mineros ilegales. ¿El Estado, los gobiernos regionales y locales, seguirían recibiendo las transferencias por canon y regalías? No hay forma. ¿Se preservaría los estándares mundiales en el cuidado del medio ambiente? Parece imposible. ¿Se generarían los miles de empleos formales que dependen de la minería moderna? Es evidente que no.

El Estado de derecho y los peruanos de buena voluntad tenemos la responsabilidad de preservar los estándares de la minería moderna que, en la última década, permitieron captar más de US$ 60,000 millones en inversiones y que, el año pasado, posibilitaron transferir cerca de S/ 8,000 millones a los gobiernos regionales por canon y regalías.

No permitamos que se destruya la minería moderna, una de las principales contribuyentes del Estado, fuente de miles de empleos y verdadero motor antipobreza.