El Ministerio del Ambiente en cuestión

A fines del año pasado, la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, denunció que las empresas mineras debían cumplir 265 normas y reglamentos diferentes, en comparación con los doce que se requerían en el 2001. Señaló, además, que Perú podía convertirse en el primer productor de cobre del mundo si enviaba señales positivas a los inversionistas pues, pese a todos los esfuerzos, el Estado era el principal obstáculo para que el país alcance este objetivo. La paradoja es que no obstante que el Perú tiene bajos costos de producción en minería, minerales de alta ley y que representa la tercera reserva de cobre en el mundo, todavía no se convierte en una importante y atractiva plaza para los inversionistas mineros. La burocracia sigue siendo uno de los principales obstáculos que detienen las inversiones con su frondosa tramitología.

Las sobrerregulaciones llegaron a los extremos durante la gestión de Manuel Pulgar Vidal en el Ministerio del Ambiente, en la administración Ollanta Humala. A entender de este portal, uno de los mayores obstáculos para la inversión lo representa la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) en el 2012 —dependencia del sector ambiente— con objeto de aprobar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) detallados de TODOS los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, ya sean construcciones, actividades comerciales o de servicios, de alcance nacional que puedan causar “impactos ambientales significativos”.

Según el proyecto de creación, el Senace aprobará los EIA de todos los sectores, desde proyectos mineros, energéticos y de transporte hasta las iniciativas agrícolas y de vivienda. Para el 2020 se prevé que el Senace apruebe los EIA de los proyectos de saneamiento, pesca, salud, comercio, turismo y defensa. Es decir, no habrá obra en el país que no pase por sus manos. Y ya sabemos que eso de “impactos ambientales significativos” en manos de un burócrata ideologizado o influenciado por el extremismo ambiental puede convertirse en la coartada para detener cualquier inversión.

Entre los fines de la existencia del Ministerio del Ambiente (creado en la administración de Alan García, según Decreto Legislativo 1013 de mayo del 2008), no solo están defender y proteger los recursos naturales sino, además, multiplicar las riquezas para el beneficio de todos los peruanos. Sin embargo con la creación del Senace se ha organizado una especie de aduana de todas las inversiones del país. En lugar de promover los emprendimientos en los sectores productivos, agrarios y de servicios, la mencionada entidad se ha dedicado a incrementar las sobrerregulaciones para aprobar los EIA.

Pero no solo se trata del Senace, sino también de diversas entidades del sector ambiente. Por ejemplo, Roberto Guzmán, gerente general de Perupetro, acaba de señalar que no se pueden explotar un potencial de más de 16 millones de barriles en petróleo por las restricciones ambientales que genera la normatividad de las áreas naturales protegidas. Como se sabe, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) del sector ambiente tiene una política de administración de parques naturales que se vuelve incompatible con las inversiones mineras y petroleras, no obstante que todos los países del planeta pueden desarrollar este tipo de inversiones en las reservas naturales protegidas debido a los estándares tecnológicos que desarrollan los emprendimientos en hidrocarburos y minería. Igualmente el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente desarrolla una política de exclusión de los mineros artesanales mediante sanciones y embargos que imposibilitan cualquier estrategia de formalización de este masivo sector de productores del país.

En este contexto vale preguntarse, ¿es pertinente la existencia de un Ministerio del Ambiente en el país? Ahora que se lentifica el crecimiento por los problemas internos y el ruido político del país, ¿no se debería considerar la eliminación de este portafolio? Finalmente, la defensa y la preservación del medio ambiente dependen de una política estatal y no de una burocracia especializada en temas ambientales sobre la que influye el ecologismo radical.