El Gobierno antiminero contra Cuajone y Las Bambas

En el preciso momento en que el precio del cobre supera niveles históricos, sobre los US$ 4.50 la libra, un hecho que posibilitaría al Perú crecer por encima del 5% del PBI y avanzar varios puntos en reducción de pobreza, se ha desatado una oleada radical en contra de las principales minas del Perú, sobre todo en el corredor vial del sur.

Semejante ola radical se explica por la negativa del Ejecutivo a decretar el estado de emergencia para restablecer el imperio de la Constitución y la ley en las áreas mineras, y también por la evidente estrategia del Gobierno de empoderar a los sectores violentistas y radicales, presente en los gabinetes Bellido y Vásquez. Cuando la señora Vásquez decretó el cierre inconstitucional de cuatro minas en Ayacucho (medida en que el Ejecutivo retrocedió) ella planteó todo el respaldo legal del Estado a los radicales antimineros. Los resultados están a la vista: la oleada radical que paraliza la producción minera del Perú.

Por ejemplo, desde el 28 de febrero, se paralizó la producción de la mina Cuajone, que conduce Southern Perú en la región de Moquegua, por el bloqueo de la vía férrea de parte de sectores de la comunidades de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, del distrito de Torata. Vale precisar que la producción de Cuajone representa el 7% de la producción de cobre en el país.

Luego del bloqueo de la vía férrea, las señaladas minorías radicales igualmente tomaron, de forma violenta, incluso agrediendo a la Policía Nacional del Perú, el reservorio agua de Viña Blanca y dejaron sin agua para consumo humano y la propia producción al campamento de la mina Cuajone. Los sectores violentistas demandan US$ 5,000 millones de la operación Cuajone como “compensación por la usurpación de terrenos ancestrales”.

De otro lado, MMG-Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grande del mundo, ya acumula más de 460 días de paralización de producción como efecto de los bloqueos en el llamado corredor vial del sur, por donde las principales minas del sur transportan la producción del mineral hacia la costa.

Como un efecto dominó, los bloqueos en contra de MMG-Las Bambas continúan sin césar. El bloqueo de una comunidad termina y, en el acto, empieza otro de un poblado diferente. Ahora se trata de un llamado frente de defensa –liderado por Raúl Hancco– de comunidades de la provincia de Espinar, en Cusco, que demanda a Las Bambas la entrega de 20 tractores agrícolas.

Vale destacar que el señalado frente a representa a 27 comunidades del distrito de Coporaque, a 250 kilómetros de la operación minera. Por otro lado, es necesario precisar que el corredor vial solo atraviesa cuatro comunidades –entre ellas de la Urisaya, recientemente bloqueada–, pero la carretera no está vinculada a las demás comunidades.

Como se aprecia, la demanda de 20 tractores agrícolas de una provincia en una región diferente a la de Apurímac –donde se emplaza MMG-Las Bambas– no tiene nada que ver con el contrato de concesión, con el área de influencia directa ni con la Constitución ni las leyes que respaldan las obligaciones y deberes de Las Bambas con el Estado (pago de renta, canon y regalías).

De esta manera queda en absoluta evidencia que el Gobierno de Pedro Castillo es uno abiertamente en contra de la minería moderna, una de los factores principales del mayor proceso de reducción de pobreza de nuestra historia republicana. 

Igualmente es evidente que uno de los objetivos del Ejecutivo es convertir a las áreas mineras en campos de batalla social y político para desatar una ola de estatizaciones de las inversiones modernas en recursos naturales. Todos estamos notificados.