El Estado crece, pero la economía decrece

En el primer trimestre de este año el promedio de crecimiento del PBI fue de 2.5%, mientras el Ejecutivo, el Legislativo y los medios tradicionales, están entretenidos en la judicialización de la política y el intento de reformar la Constitución de principio a fin. Todos parecen olvidar que con ese magro crecimiento no se puede absorber la demanda de empleo de los cerca de 300,000 jóvenes que se incorporan a la economía cada año. Con esa escasa expansión económica, el Perú volverá a ser una sociedad que aumenta pobreza, no obstante haber liderado la región en cuanto a la eliminación de este flagelo.

Pero no vaya a creerse que todo se ralentiza. Sorprendentemente el gasto público se expande de manera sostenida. En otras palabras, se gasta más sin que la economía crezca. ¿Alguien sabe hacia dónde lleva esa ruta económica? El asunto es conocido en América Latina a través de las experiencias populistas, nacionalistas y estatistas que han creado verdaderas tragedias sociales al respecto.

En el Perú, el gasto público estatal suma US$ 70,000 millones; es decir, alrededor del 30% del PBI. El gasto del Gobierno central en los últimos años se ha incrementado en 100% llegando a representar US$ 40,000 millones de dólares. Y la élite política, los medios de comunicación tradicionales y los demás actores del establishment político, no parecen interesados en reflexionar y denunciar esta grave tendencia: un gasto público que crece mientras la economía decrece.

La explicación de la tolerancia ante esta terrible realidad económica tiene que ver con que los medios de comunicación tradicionales, influyentes ONG, encuestadoras y estudios de abogados, de una u otra manera, directa o indirectamente, han pasado a formar parte del presupuesto nacional. Con esta lógica ninguno de los principales actores que participan en la formación de la opinión pública parecen interesados en denunciar esta autodestructiva tendencia estatista.

Un ejemplo de esta situación es la norma sobre la llamada elusión tributaria. Paradójicamente las principales empresas del país que aportan cerca del 80% de los ingresos fiscales del Estado suelen contratar estudios de abogados y tributaristas para pagar menos impuestos al Estado. Utilizando leyes y reglamentos establecidos, las empresas —legal y legítimamente— buscan ahorrar recursos que se derivan al Estado para reinvertirlos en la economía, generar más empleo y desatar los círculos virtuosos de la economía. Sin embargo, al Estado esta conducta, que favorece al crecimiento, le parece tan mal que la ley y la reglamentación empuja a la figura de la elusión casi a un tipo penal. ¿No hay detrás de estas aproximaciones toda la voracidad del estatismo que busca gastar más los recursos del Estado? ¿Acaso no se está matando a la gallina de los huevos de oro?

Vale recordar que en el 2010 la inversión privada sumaba el 25.8% del PBI y el 2012 el 15.6%; pero el 2014 se desplomó en -2,2%, el 2015 en -4.2%, el 2016 en -5.4%. En el 2017 hubo una ínfima recuperación de 0.2%, el 2018 se aumentó en 4.4% del PBI. Como se ve, la tendencia de la inversión privada es hacia abajo, mientras que el gasto estatal sigue creciendo.

Lo grave de todo es que los burócratas del Estado y la clase política no parecen interesados en promover las reformas urgentes que el Perú necesita para relanzar el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza. Y esa negativa resulta entendible: las reformas para relanzar el crecimiento inevitablemente comprenden la reforma del Estado, la creación de un Estado más pequeño, pero eficiente en la provisión de los servicios básicos (justicia, seguridad, educación) fundamentales para organizar un contrato social viable.