¡El Viejo Oeste en la minería!

La paralización de la mina Antamina comienza a dejar en shock a los peruanos. No solo se trata de las minas emplazadas en el corredor vial del sur, que suman más del 50% de la producción nacional de cobre, sino que también Antamina –en el norte– padece la ofensiva radical de minorías violentistas.

Para ilustrar las cosas: las minas del corredor vial del sur –entre ellas, Cerro Verde, Las Bambas, Antapaccay, Constancia, y Antamina– producen alrededor del 65% del cobre nacional. Si todas estas minas están afectadas por la violencia de minorías radicales que bloquean carreteras, impiden el ingreso y salida de las plantas de producción y de los puertos y ejercen violencia contra la propiedad privada, entonces, en las minas del Perú ya rige la ley del Far West. 

Si bien es cierto que el fracaso del Estado –gobiernos central, regional y local– en la redistribución de la riqueza minera es la causa de esta situación, es incuestionable que el gobierno de Pedro Castillo ha agravado en extremo las cosas con el mensaje de asamblea constituyente y nacionalización de recursos naturales.

Y cuando se escucha a los ministros, todo indica que no están demasiado incómodos con la situación. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, con gran temeridad, señaló que los accionistas de Antamina podrían participar de conspiraciones políticas. ¿Una reacción ante la decisión de Antamina de detener actividades? ¿Acaso la empresa no ha detenido la producción para restablecer el diálogo y la paz social que el Ejecutivo no puede mantener? 

De otro lado, la presidente del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, ha señalado que la violencia no deslegitima la justicia de la protesta y tampoco ha expresado una voluntad firme de restablecer el imperio de la Constitución y la ley en las zonas mineras. 

Nada, absolutamente nada, justifica actos de fuerza reñidos con la ley, en contra de las empresas mineras. ¿Qué tiene que ver la justicia de un reclamo con la legitimación de actos de fuerza? Si avanzamos por esa ruta el Viejo Oeste de los pistoleros comienza a imponerse en las zonas mineras.

Cerro Verde, Las Bambas y Antamina están entre las diez minas de cobre más grandes del planeta. La paralización de Antamina representa entre US$ 10 y US$ 14 millones diarios menos para el Estado. La operación de esta mina suma el 5% de la producción mundial de cobre y significa el 50% del PBI de la región Ancash. ¿Cómo se puede paralizar tanta riqueza cuando el Perú todavía tiene 30% de su población bajo pobreza?

Pero no solo se trata de Antamina. Las Bambas en vez de producir más de 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC) anuales –como tenía proyectado–, durante el 2020 produjo algo más de 300 mil TMC y el 2021 sucederá algo parecido. Desde que Las Bambas comenzó operaciones acumula 365 días de paralizaciones por bloqueos y violencia de los grupos radicales. Es decir, un año sin trabajar, pese a la pobreza que persiste en el país.

No es exagerado entonces sostener que la minería está bajo ataque en el Perú. Tampoco es injusto señalar que las cosas se han agravado desde que Pedro Castillo asumió el poder con el mensaje de la asamblea constituyente y la expropiación de los recursos naturales.

A nuestro entender la feroz ofensiva contra la minería es la expresión más evidente de que se pretende destruir una de las columnas centrales del modelo económico, con la intención de aumentar la pobreza y el descontento social. Y sobre la base de esta tragedia, legitimar la propuesta de una asamblea constituyente.

Hacia allí avanzamos. ¿Quién defiende la Constitución y la ley?