Desgobierno nacional obligaría a Cuajone a suspender producción

Luego de 40 días de violencia y bloqueos en contra de la mina Cuajone, en Southern Perú se estudia la posibilidad de suspender operaciones. De esta manera la minería nacional, sobre todo la vinculada a la producción de cobre, comienza a ser atacada por todos los frentes. Semejante realidad solo se explica desde los delirios colectivistas: se cree que con una estrategia que multiplique los conflictos en el corredor minero del sur, el descontento de la sociedad en contra de la minería crecerá y se crearán las condiciones para crear una empresa estatal del cobre.

Semejante estrategia es cruel e inaceptable, sobre todo por la situación de pobreza de cerca del 25% de la población. El Perú es el segundo productor de cobre del mundo y ahora la libra del metal rojo está por encima de los US$ 4.50; es decir, un récord histórico que nos permitiría reducir varios puntos de pobreza. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Castillo ha decidido abandonar la autoridad democrática –que le otorga la Constitución– y la aplicación de la ley. De allí que renuncie a establecer el estado de emergencia en el corredor minero del sur, no obstante que en Lima perpetró el ensayo autoritario de conculcar los derechos constitucionales de más de 10 millones de peruanos. Un ensayo en el que debió retroceder por la masiva protesta de la población. 

Como todos sabemos, un sector de la comunidad de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, de Moquegua, ha tomado el reservorio hídrico de Cuajone y dejado sin agua al campamento minero de más de 5,000 trabajadores y han detenido la producción de mineral. Se suman más de 40 días de violencia ilegal en contra de la producción de la mina. Las minorías violentistas exigen US$ 5,000 millones de compensación por el uso de las tierras –no obstante que se trata de una concesión de Southern desde medio siglo atrás– y exigen el 5% de las utilidades.

En otras palabras, este sector minoritario ejerce violencia planteando demandas absurdas que violan la Constitución, los contratos firmados bajo el amparo de dos constituciones, y todas las normas y leyes que protegen la inversión y la producción minera.

Vale recordar que por cada día de paralización Cuajone deja de aportar al Estado peruano alrededor de S/. 8.5 millones diarios en impuestos. Algo parecido sucede con Minera Las Bambas (MLB) que acumula más de 460 días de paralizaciones por minorías radicalizadas en las provincias cusqueñas de Chumbivilcas y Espinar; es decir, en una región en donde no se desarrolla la producción minera. Las Bambas emplazada en Apurímac, por cada día de paralización, pierde alrededor de US$ 9 millones diarios. Como sabemos, Las Bambas ya detuvo la producción en una ocasión, porque el Gobierno no está dispuesto a aplicar las leyes y la Constitución.

El Perú y el mundo están notificados. Minas de talla mundial, que causan la envidia de otras potencias mundiales en cobre (Australia, Canadá, Chile y China) comienzan a paralizar porque el Gobierno de Pedro Castillo ha dejado en claro su clara vocación en contra de la minería. El Ejecutivo no solo renuncia a ejercer la autoridad democrática en las zonas mineras, sino que también se ha propuesto empoderar a las minorías radicales que embisten en contra de la minería moderna.