Editorial Economía

¡Derogatoria de Ley de Promoción Agraria frenará agroexportaciones!

Ley N° 27360 promovió US$ 20,000 millones en inversiones en dos décadas

¡Derogatoria de Ley de Promoción Agraria frenará agroexportaciones!
  • 13 de marzo del 2022

El presidente de Comex, Juan Correa, acaba de señalar que la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360) frenará el crecimiento de las agroexportaciones. Como ya hemos informado en este portal, la derogada norma establecía regímenes tributarios y laborales especiales que, durante dos décadas, promovieron la reinversión y la ampliación de la frontera agrícola. En 20 años se lograron captar US$ 20,000 millones en inversiones. Asimismo, la flexibilidad laboral de la ley derogada permitió contratar alrededor de 1.5 millones de trabajadores formales.

Correa sostiene que los efectos de la derogatoria de la Ley N° 27360 se sentirán a partir del 2023. El motivo: desde la derogatoria se han frenado las nuevas inversiones en agroexportaciones. Para ilustrar el problema que enfrentarán las agroexportaciones, Correa señala que en la última década se han incorporado 5,000 hectáreas a la actividad agroexportadora. Luego de la derogatoria se han detenido proyectos por más de 2,000 hectáreas.

De esta manera la derogatoria de la mejor norma económica de las últimas décadas, derogada durante la administración Sagasti y la conducción de Mirtha Vásquez del Congreso, interrumpirá dos décadas de crecimiento sostenido de las agroexportaciones, que transformaron al Perú en una verdadera potencial mundial agroexportadora. 

Bajo el imperio de la Constitución de 1993, la firma de 22 tratados de libre comercio y la derogada Ley de Promoción Agraria, las agroexportaciones crecieron de US$ 850 millones a cerca de US$ 8,000 millones. El Perú amplió su oferta agroexportadora a 600 variedades de frutas y hortalizas, desplazando a otros países del primer lugar en diversas plantaciones.

Pero no solo se trata de cifras frías y distantes. La agroexportación se transformó en una actividad que generaba más trabajo que otras actividades. Hoy contrata anualmente más de 1.5 millones de trabajadores, con todos los derechos y beneficios establecidos en la ley. Igualmente, diversos estudios económicos han establecido que la pobreza en las regiones agroexportadoras hoy está por debajo de la media nacional.

En este contexto, En el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) existe el objetivo de llevar adelante la llamada “Agenda 19” del ex ministro de Trabajo Iver Maraví, que busca colectivizar las relaciones laborales y transformar el mundo del trabajo en un territorio de federaciones y sindicatos que negocian con “los empresarios explotadores”. Semejante visión fundamentalista e ideologizada desconoce el hecho de que el 85% del empleo en el Perú es informal porque los empresarios emergentes no pueden asumir los altos costos laborales.

Como parte del paquete laboral del MTPE se ha eliminado “la tercerización laboral” en las actividades neurálgicas de las empresas. En el caso de las agroexportadoras se trata de otro golpe letal a la competitividad de las unidades económicas. Es decir, no solo se deroga la ley de Promoción Agraria y se relativiza el régimen de flexibilidad laboral, que ha posibilitado el despegue agroexportador, sino que ahora se pretende colectivizar las relaciones laborales para restarles competitividad a las empresas y empujarlas a la quiebra.

Ante semejantes noticias, el Congreso de la República debería proceder a restablecer la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria y considerar a esta norma derogada como permanente para alentar las inversiones en agroexportaciones. No hay otro camino para evitar el frenazo que se viene en el sector en el 2023, luego de dos décadas de crecimiento ininterrumpido. Asimismo, el Legislativo debe proceder a derogar las normas del MTPE que buscan colectivizar las relaciones laborales –como la eliminación de la tercerización– con objeto de arrinconar al sector privado y desatar una ola de quiebras y pérdida de empleo.

La oposición debería entender que sin defensa del modelo económico, de las inversiones privadas y del empleo, es imposible defender la Constitución y las libertades políticas y económicas.

  • 13 de marzo del 2022

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