Derogar norma que prohíbe tercerización e iniciar reforma laboral

El Congreso debe proceder a derogar el Decreto Supremo 001-2022 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) que prohíbe la tercerización laboral en las actividades principales de la empresa. Y debe hacerlo de inmediato, como una manera de frenar el desplome de la inversión privada y de la confianza empresarial. 

Vale repetir hasta el cansancio que, con los anuncios de la asamblea constituyente y las nacionalizaciones, el crecimiento de la inversión privada se ha derrumbado; es decir, el principal motor del crecimiento, del empleo, el factor que explica dos tercios de la reducción de pobreza en las últimas décadas, ha sido frenado y comienza a ser destruido. Sin crecimiento de la inversión privada, no hay suficiente empleo y aumenta la pobreza.

Por todas estas consideraciones, el Congreso debe desarrollar una contratendencia a favor de la inversión privada, que notifique a los mercados nacionales e internacionales que, si bien en el Perú hay un Ejecutivo en contra de las inversiones, el sistema republicano y las instituciones democráticas continúan rigiéndose por la Constitución y promueven las inversiones y la continuidad de los mercados.

En ese sentido es fundamental derogar el decreto que prohíbe la tercerización y que afecta la productividad de las empresas. Los héroes del empleo y el crecimiento en el Perú son los empresarios –tal como sucede en cualquier país desarrollado–, por lo tanto, las normas no pueden ahogar el emprendimiento. El economista David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, señala que la mencionada norma afectará a 250,000 empleos, y considerando los efectos inducidos indirectos, podemos hablar de que se pone en peligro alrededor de un millón de empleos.

Por otro lado, el Congreso también debe sacar las consecuencias de la censura de la ex ministra de Trabajo, Betssy Chávez, quien promovía la llamada “Agenda 19”, que buscaba elaborar un nuevo Código Trabajo con estabilidad laboral absoluta y negociaciones por ramas. En otras palabras, pretendía colectivizar las relaciones laborales, con el objetivo de quebrar el sector privado y comenzar a imponer el Estado empleador, la otra cara del estado empresario y las estatizaciones.

Una de esas consecuencias debería ser avanzar hacia una reforma laboral basada en la flexibilidad, tal como sucede en las economías desarrolladas que han alcanzado el pleno empleo, y tal como lo demandan más del 80% de empresas –micros, pequeñas y medianas– que proveen más de dos tercios del empleo, pero en condiciones de informalidad por la pésima legislación laboral.

Un paso hacia adelante en la urgente reforma laboral debería ser el restablecimiento de la vigencia plena de la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360), absurdamente derogada durante la pasada administración Sagasti, que establecía regímenes tributario y laboral especiales con el objeto de alentar el regreso del capital al campo. 

Gracias a la vigencia de esta norma se llegó a contratar a un millón de trabajadores con todos los derechos sociales y laborales reconocidos. Entre el 2004 y el 2017 el empleo formal agrario creció en más de 33% y el promedio de los ingresos superó en más del 100% el ingreso de los sectores informales del agro. La pobreza, en términos generales, descendió debajo del promedio nacional en las regiones agroexportadoras. Y en zonas como Ica, este flagelo social se redujo debajo del 10%.

El Congreso entonces tiene una enorme responsabilidad: relanzar la confianza empresarial mediante una reforma laboral que reconozca el esfuerzo de los millones de emprendedores de los mercados formales e informales que crean empleo y se convierten en los héroes de la lucha contra la pobreza en el país.