¡Cuidado con la ola controlista en el Perú!

La evidente crisis política que se desató con la coyuntura vacancia/indulto —y, sobre todo, por la ausencia de una nueva ola de reformas económicas y sociales que le agreguen competitividad a nuestro modelo económico para seguir reduciendo pobreza— no solo ha ralentizado el crecimiento económico en el Perú, también está resucitando las tendencias controlistas y estatistas, así como las propuestas antimercado, que ponen en cuestión el modelo de crecimiento de los últimos 25 años.

Con la fusión de Inkafarma y Mifarma una oleada alarmista se desató en la sociedad y en los medios de comunicación. No obstante que las fusiones y concentraciones no están prohibidas por la Constitución ni las leyes nacionales —y no obstante también que de 11,000 boticas que existen en el Perú, la suma de las dos cadenas fusionadas solo representan 2,043 puntos de venta— en el Perú se han comenzado a proponer una ley de fusiones empresariales, un sistema de control de precios de las medicinas y hasta organismos reguladores de precios. En esta fiesta estatista participan desde el defensor del Pueblo y políticos de distintos partidos hasta los medios de comunicación.

De una u otra manera en las diferentes propuestas controlistas se ignora que en el país solo se sanciona el abuso de la posición de dominio (es decir, la manipulación de precios sobre la base de una participación en el mercado) y que el Indecopi es la entidad encargada de resolver las fallas del mercado. Si las cosas no han funcionado de la mejor manera es porque la mencionada entidad no ha cumplido su deber.

Pero lo más grave es la manera como se distorsiona el debate. Por ejemplo se sostiene que los precios se manejarán al margen del mercado. Falso: las medicinas y compuestos dependen de insumos que, en su gran mayoría, son commodities, productos sujetos al mercado mundial. En otras palabras, si alguien pretendiera especular con precios, al margen del promedio del valor de los commodities, en el acto, estaría abriendo las puertas a un feroz competidor (y grandes posibilidades de quiebra), sobre todo porque no existen barreras de entradas al negocio farmacéutico.

De otro lado se ha sostenido que Inkafarma y Mifarma fusionados controlarán el 95% del mercado de las medicinas. Sin embargo solo se trata del 95% de la comercialización de las cadenas de farmacia, que representa el 55% de las ventas totales de medicinas. El 45% restante se comercializa en boticas que no pertenecen a cadenas. ¿Por qué entonces la reacción controlista si el piso está parejo?

Sin el controlismo no solo se impulsa en contra de las empresas privadas, sino también con demandas absurdas frente al Estado. Un sector de productores de papa —que suman alrededor de 700,000 familias en 19 regiones— ha bloqueado la carretera Central, demandando que el Estado (a través de las regiones) compre la producción del tubérculo ante la evidente caída del precio de venta (al cierre de esta edición ya habían logrado acuerdos en ese sentido con el sector agricultura).

Es evidente que los actuales precios de la papa han caído tres veces con respecto a los valores de enero del 2016, sobre todo porque la mayoría de agricultores ha migrado al cultivo de las variedades de papa blanca. De allí que el precio de este tipo de tubérculo se desplome mientras otras variedades (como la amarilla) se mantengan, e incluso algunas otras suban. Pero estamos hablando de errores de mercado que los productores han cometido (por falta de información). Semejantes errores, en cualquier economía de mercado, son asumidos por los propios privados y no por el Estado, porque se estarían estableciendo subsidios y promociones socialistas que se financiarían con el impuesto de todos los peruanos. En vez de exigir una política agraria en la que se informe sobre la evolución de los precios y de la demanda, los productores de papa exigen el subsidio socialista que no se puede aceptar en el Perú.

Como se aprecia, las propuestas controlistas que amenazan al Perú vienen de arriba y también de abajo. Es el resultado de una economía en la que se ha ralentizado el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza por la casi perpetua crisis política y por la ausencia total de reformas a favor de las competitividad.