Cuajone: Trabajadores se organizan para defender inversión y empleo

La renuncia del Gobierno de Pedro Castillo a ejercer la autoridad democrática en las zonas mineras comienza a crear la posibilidad de enfrentamientos abiertos entre poblaciones. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Southern Perú, Alfredo Mamani, acaba de anunciar lo siguiente: “Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a tener que enfrentarnos a los comuneros porque no hay autoridades, no tenemos gobierno, prefecto, congresistas ni ministros”.

Como se sabe, Southern Perú acumula más de 40 días de paralización de la producción porque un sector de los comuneros de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala ha tomado el reservorio de agua de Viña Blanca, dejando sin agua para consumo humano a 5,000 familias que viven en el campamento minero. En este contexto, el Gobierno y los ministros simplemente contemplan cómo el Perú y el fisco pierden S/ 8.5 millones diarios y se niegan a aplicar la Constitución y las leyes nacionales.

Una situación similar se presenta en Minera Las Bambas S.A. (MLB), que acumula más de 460 días de paralizaciones por bloqueos del corredor vial del sur de parte de sectores de algunas provincias del Cusco (la operación minera se desarrolla en Apurímac). En este caso el país pierde alrededor de US$ 9 millones diarios, considerando que Las Bambas es una de las diez minas más grandes del mundo.

¿Cómo puede suceder semejante tragedia en el país –segundo productor mundial de cobre– cuando la libra del metal rojo supera niveles históricos, sobrepasando los US$ 4.80? ¿Por qué un Gobierno que podría beneficiarse del superciclo de los precios de los minerales se niega a aplicar las leyes en las zonas mineras? 

A estas alturas la respuesta es una sola: el Gobierno no quiere la bonanza y la prosperidad que trae la minería. Al contrario, le preocupa en extremo: el crecimiento y la reducción de pobreza legitiman el modelo basado en la inversión privada. También legitima la Constitución.

La tragedia y el desastre nacional es enorme. Las paralizaciones de Cuajone y Las Bambas representan el 30% de la producción del cobre nacional. El economista Carlos Adrianzén ha señalado que, en la actual situación, el Perú está explotando un poco más de la mitad de los minerales que debería producir. La minería entonces está siendo destrozada por el Gobierno de Pedro Castillo, no obstante que el 2021 – por todos los impuestos– pagó más de S/ 18,000 millones, una cifra récord en la historia republicana.

Una de las cosas más graves tiene que ver con el desmantelamiento de todos los logros en el sector, que demandaron décadas construir. En el ranking mundial del 2021 sobre países y regiones atractivas para la minería, elaborado por el Instituto Fraser, el Perú cayó por tercer año consecutivo. Si el 2018 el país se ubicaba en el puesto 18, ahora se desplomó al lugar 42 de 84 naciones estudiadas. 

Y es evidente que la única explicación de este desastre proviene del Gobierno de Castillo y las propuestas de la asamblea constituyente y la nacionalización de los recursos naturales. Por ejemplo, el Instituto Fraser revela que en el Índice de Percepción Política, el Perú se desplomó en 29 puntos. Una de las caídas más severas en la historia del mencionado 

El Gobierno de Castillo y Perú Libre, entonces, está haciendo lo que parecía imposible para todos: negarle a los pobres la posibilidad de superar lacras sociales con más rapidez. Por ejemplo, se calcula que con los actuales precios de los minerales y la continuidad de nuestra cartera de inversiones mineras, el Perú debería crecer por encima del 6% y reducir entre tres y cuatro puntos de pobreza por año

Como se aprecia, un verdadero crimen social contra los pobres.