¡Controlismo total en el empleo!

La ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, ejerce sus funciones en una realidad virtual, en un gabinete con hologramas o en un aula de una universidad socialista del país. La titular de Trabajo acaba de afirmar que las empresas que reemplacen a los trabajadores peruanos por extranjeros, debido al pago de un menor salario, serán multadas por discriminación. Para justificar la afirmación, en el Ministerio de Trabajo se cita el reglamento de la Ley General de Inspección Laboral, que establece como falta grave la discriminación directa o indirecta en cuanto “a la contratación, retribución, jornada, formación, promoción y demás condiciones, por motivo de origen, raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión, ascendencia nacional, origen social, condición económica, ejercicio de la libertad sindical, discapacidad…”. Las multas por faltas graves —como sería en estos casos— pueden sobrepasar los S/ 186,000 (45 UIT).

Una pregunta que debemos formular a la señalada ministra es a qué sector se dirige su advertencia o mensaje: ¿a la gran empresa o las microempresas del Perú? Para el sector formal de la economía el mensaje de Cáceres no reviste mayor importancia porque los contratos de trabajo son formales. Sin embargo para la microempresa, en donde se concentra la mayor parte del 72% de informalidad laboral del país, el mensaje es aterrador. Un argumento más para seguir alejándose de la formalidad porque son estos sectores en donde se podría presentar “discriminación contra los trabajadores peruanos a favor de extranjeros”. Si hay alguna duda, por favor, señora ministra, dé un paseo por los mercados populares de Lima y confirmará que su advertencia solo llega a los micronegocios.

El economista Roberto Abusada, del Instituto Peruano de Economía (IPE) ha señalado que más de dos tercios del empleo se da en microempresas de menos de cinco trabajadores, con una productividad minúscula y en las que el salario promedio es, por tanto, muy pequeño e igual a S/ 831. Algo más, Abusada ha informado que del total de 23 millones de personas en edad de trabajar, alrededor de 7,8 millones de personas ganan menos que el salario mínimo. En otras palabras, la Remuneración Mínima Vital establecida en el sector Trabajo es solo una palabra que se la lleva la realidad económica de las microempresas. De lo contrario, tendrían que cerrar sus negocios y dedicarse a pedir limosnas. ¿O no?

Si consideramos que la posibilidad de contratar un trabajador venezolano por un salario menor solo se presenta en este tipo de unidades económicas, ¿cómo entonces explicar el enfoque de la titular del Trabajo? Evidentemente el asunto solo tiene una explicación ideológica. Algunos creen que el empleo privado es algo que se crea con resoluciones, tal como sucede en el Estado, al margen de la productividad y la realidad económica. La ministra Cáceres debería entender que ella puede contratar asesores y decidir sobre el empleo en su sector, porque el 80% del presupuesto está financiado por el aporte del sector privado empresarial.

Y no vaya a creerse que la posición de la titular del Trabajo solo representa el humor de un sector del Ejecutivo. El gobierno regional del Cusco acaba de aprobar una ordenanza que declara de interés público la contratación de trabajadores de la región, y todo indica que otros gobiernos regionales empujan en el mismo sentido.

La migración de cerca de 750,000 venezolanos, pues, no servirá para utilizar el bono demográfico, potenciar el crecimiento de las microempresas y, por lo tanto, elevar crecimiento y generar más oferta de empleo. Muy por el contrario, algunos se atrincheran en la sobrerregulación estatal porque, en el fondo, consideran que el sector privado solo es un agente más de la economía, y no la columna vertebral.

En el Perú existe un 72% de informalidad laboral por una sola razón: las condiciones para contratar y despedir trabajadores han elevado de tal manera los costos de la formalidad que solo las grandes empresas pueden cumplir las leyes laborales. Por ese motivo, en el ranking del Foro Económico Mundial el Perú está en el lugar 128 de un total de 140 países en cuanto flexibilidad para el empleo.

La propuesta del sector Trabajo, pues, participa de la filosofía legalista que “crea derechos y beneficios” para producir informalidad. Y es parte del ventarrón controlista, estatista, que avanza a contracorriente de la Constitución.