¡Congreso debe derogar leyes laborales ya!

No obstante que el Ejecutivo fue derrotado en todos los términos –al menos en su primer año de gestión– en sus proyectos de la constituyente y las nacionalizaciones de los recursos naturales, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) promulgó dos decretos supremos que representan las mayores modificaciones del modelo económico en las últimas tres décadas. Nos referimos a los decretos que prohíben la tercerización laboral y al que empodera a los sindicatos y federaciones por rama, con el objeto de ahogar la inversión y avanzar en el camino de las estatizaciones del sector privado.

Si el anuncio de la constituyente y las nacionalizaciones explican que no existan nuevas inversiones en el 2022 –en el 2023 las cosas se agravarán y se sentirán los efectos devastadores–, los mencionados decretos, simplemente, confirmarán que en el Perú no es posible invertir. Lo más grave: ambos decretos fueron publicados sin consultar con el Consejo Nacional de Trabajo (CNT).

El decreto que prohíbe la tercerización laboral pone en peligro 250,000 empleos directos y más de un millón indirectos porque, ante los nuevos derechos declarados, las empresas no estarán en condiciones de asumir las nuevas obligaciones. El resultado es pérdida de empleos o más informalidad.

Por otro lado, el siguiente decreto del MTPE reforma radicalmente el reglamento de negociaciones colectivas y el ejercicio del derecho de huelga sin haber consultado con el Consejo Nacional de Trabajo (Estado, trabajadores y empresarios), tal como lo establece la Organización Internacional del Trabajo. El señalado decreto fomenta los sindicatos por empresa, federaciones sindicales por rama y por grupos empresariales. Asimismo, legaliza sindicatos de diversas profesiones, actividades o especialidades diversas. Igualmente, promueve sindicatos de cadenas productivas o ramas de subcontratación. Y por otro lado, la mencionada norma liberaliza el derecho de huelga en extremo.

Como se aprecia, la filosofía de la norma es una sola: el bienestar de los trabajadores depende de “su organización y su capacidad de lucha de clases”. Es decir, la misma concepción que hundió a los trabajadores de la ex Unión Soviética, y que aplasta a los trabajadores en Venezuela, Cuba y Corea del Norte. En esa concepción sindical hay una absoluta ignorancia sobre de dónde viene la prosperidad de los trabajadores a lo largo de la historia de humanidad: de la inversión privada y de la generación del empleo. Un intelectual diría que la prosperidad de los trabajadores solo proviene de la revolución industrial y de la innovación permanente.

Como se aprecia con absoluta claridad, antes que normas laborales estamos ante reformas que forman parte de una estrategia de poder: la asamblea constituyente. Vale repetir una vez más que la constituyente y las nacionalizaciones han frenado en seco el crecimiento de la inversión privada. ¿Alguien duda del efecto letal de estas normas sobre las posibles nuevas inversiones en el país?

Por todas estas consideraciones, una de las primeras medidas de la nueva mesa directiva presidida por Lady Camones y Martha Moyano debería ser la inmediata derogatoria de los dos decretos que acaban de producir la mayor modificación del modelo económico de las últimas tres décadas. 

Si la mayoría del Congreso que archivó el proyecto de la constituyente y eligió impecablemente a los seis miembros de Tribunal Constitucional no deroga los señalados decretos que destruyen la inversión privada, no solo se mostrará como incapaz de formar una mayoría para relevar al Ejecutivo e iniciar una transición, sino que será cómplice de la destrucción económica del país.