Cedro y caoba a punto de desaparecer

Según el informe anual del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016) en el Perú la deforestación alcanzó un total de 7.17 millones de hectáreas. Entre las regiones más afectadas están San Martín (1.33 millones de hectáreas, Amazonas (1.00 millones), Loreto (0.95 millones) y Junín (0.73 millones). Por el contrario las áreas reforestadas representan una ínfima cantidad de 3, 991 hectáreas a nivel nacional. El informe del INEI no registra ninguna información sobre reforestación en San Martín, la región más afectada por la tala ilegal y el contrabando de madera.

Los datos se explican por sí solos: la ausencia de una política de Estado para recuperar las áreas afectadas, para detener a los taladores ilegales y contrabandistas, para impulsar las inversiones privadas y, sobre todo, el grave error en la manera como se concesionan los territorios forestales.

Según los registros del Servicio Nacional Forestal (Serfor), organismo del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), en el país se encuentran registradas 2,418 concesiones forestales. De ese total, 704 concesiones han sido otorgadas para la explotación de árboles maderables y 1,714 para la explotación de recursos no maderables. Asimismo, de los 11 millones de hectáreas concesionadas, 8.93 millones de hectáreas están dedicadas a los recursos maderables y 2.87 millones de hectáreas a recursos no maderables. Además, del total de las concesiones otorgadas, solo se encuentra vigentes 1,750 concesiones.

Las políticas de expansión forestal deberían ser claramente ambiciosas y competitivas. Las concesiones territoriales deben otorgarse a compañías con capacidad de desarrollar grandes inversiones y con probada solvencia técnica. Una empresa para invertir en el largo plazo requiere por lo menos administrar entre 50,000 y 100,000 hectáreas, y por plazos mayores de 40 años. Asimismo, no se puede hablar de impulso forestal sin antes haber resuelto el tema de la propiedad de los territorios de las comunidades nativas. Únicamente con derechos de propiedad los pobladores de las comunidades pueden contratar en igualdad de condiciones con las grandes inversiones, y defender de madera apropiada los recursos de sus territorios. De esta manera, la propiedad se convierte en el muro de contención de los taladores ilegales.

Hoy, los taladores ilegales y contrabandistas siguen haciendo de las suyas en las comunidades nativas más pobres del país. Sin ser concesionarios, ingresan a sus territorios —que no cuentan con autorización para realizar actividades de explotación de los recursos— y talan los árboles que quieren, pagándoles a los nativos lo que les viene en gana. Y, lo peor de todo son las dificultades para detener el contrabando de maderas de alto valor comercial, como el cedro rojo y caoba (ambos en proceso de extinción), pumaquiro y shihuahuaco; y las no autorizadas, como el algarrobo, sapote y chonta (madera negra casi extinguida).

Se puede inferir, entonces, que la situación de los recursos forestales es deprimente por la irresponsabilidad del Estado y por las políticas equivocadas que, en parte, se corrigen con el D. L. N° 1283, publicado en diciembre 2016 por el Gobierno pepekausa. El mencionado decreto modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley Nº 29763) y establece medidas de simplificación administrativa para todos los trámites que se encuentran comprendidos en la mencionada ley. Entre las modificaciones más importantes se encuentran que las concesiones serán por 40 años en territorios de 40,000 ha (antes era por 20 años en territorios de 20,000 ha). Asimismo, ahora los concesionarios solo necesitan inscribir las plantaciones en el registro correspondiente. Del mismo modo, ya no es necesario hacer cambio de uso (de un área considerada para la agricultura) para retirar los recursos forestales. Antes, por la falta de saneamiento de la propiedad, los recursos forestales no se podían adecuar a ninguna concesión.

La inversión privada, de probada capacidad en el sector, puede salvar al cedro y la caoba, amenazados por la extinción. El Estado debe crear las condiciones para que así sea. No se puede permitir que recursos tan valiosos para la economía nacional se extingan frente a la inactividad de las autoridades.