Cancelar el Reinfo y nueva estrategia de formalización minera

Un nuevo atentado en contra de minera Poderosa en Pataz, en la región La Libertad, dejó el saldo de un trabajador asesinado y otro herido de gravedad, sumando en total 10 trabajadores fallecidos, 24 heridos y más de 15 torres de alta tensión derribadas en la zona. Considerando que la provincia está en estado de emergencia, es lógico concluir que Las fuerzas armadas, de la policía nacional del Perú (PNP), del Ministerio Público, del Poder Judicial, del gobierno regional de la Libertad y del propio gobierno central se muestran impotentes para contener la alianza entre la minería ilegal y las bandas del crimen organizado internacional.

Ahora que los peruanos de buena voluntad están llegando a la conclusión de que el desarrollo de la ola criminal ha fracturado el monopolio de las armas y del ejercicio de la violencia que debe mantener cualquier Estado de derecho o régimen democrático, es fundamental entender el papel de las economías ilegales en el desarrollo de esta grave situación. Es evidente que el narcotráfico y la minería ilegal, a cualquier costo, buscan crear zonas liberadas de la autoridad de la Constitución y las leyes nacionales. En ese sentido, el avance de estas economías ilegales es la principal explicación de la ola criminal que golpea en las ciudades a pobres y ricos, a grandes empresas y a pequeños negocios, bodegas y panaderías.

Ahora bien, una de las preguntas que debemos formularnos es, ¿cuál es la relación entre la minería ilegal y la informalidad minera? Es indudable que lo primero que debemos establecer es que hay una diferencia fundamental: el minero ilegal viola el derecho de propiedad de las concesiones de las minas modernas y formales que pagan impuestos, preservan el medio ambiente y generan empleo que reducen la pobreza. Igualmente, el minero ilegal desarrolla la actividad en ríos, zonas protegidas y parques naturales. 

Por su lado, el minero informal desarrolla actividades mineras sin contar con los permisos y procedimientos respectivos establecidos en el Estado sobrerregulado, pero sin violar abiertamente el derecho de propiedad minera que establece la Constitución. No obstante estas diferencias, ¿acaso existe una relación entre la minería ilegal y la informal? En el Perú la formalización de la minería ha fracasado en la última década, sobre todo por la incapacidad de los gobiernos regionales y las dependencias respectivas en asumir esta problemática. Es sobre la base del fracaso de la formalización que la minería ilegal, vinculada al crimen organizado, pretende cubrirse con un rostro social e, incluso, se propone desarrollar política desde una perspectiva antisistema.

Por estas incuestionables razones el país debe adoptar una nueva estrategia de formalización minera que, a nuestro entender, debe pasar, en primer lugar, por no ampliar el plazo para formalizarse hasta fines de diciembre establecido en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) del Ministerio de Energía y Minas. De ninguna manera y el Congreso tiene la primera responsabilidad en este asunto.

Bajo el esquema actual de procedimientos y plazos del Reinfo, Pataz se está convirtiendo en un Viejo Oeste dominado por pistoleros de bandas internacionales y en el corredor minero del sur se multiplican las actividades de minería ilegal. En otras palabras, se empieza a amenazar la minería vinculada a la producción de oro y del cobre, una tendencia que se agrava con el incremento de los precios de estos minerales.

Uno de los primeros efectos de no extender los plazos del Reinfo debería ser que todas las invasiones de mineros ilegales en las concesiones de la minería moderna sean desalojadas en el plazo de algunas semanas, se restablezca el Estado de derecho en las zonas controladas por el crimen organizado y se formule una nueva estrategia de formalización minera: crear una autoridad central de formalización minera dependiente del Ejecutivo que simplifique y centralice todos los procedimientos para formalizar una base social de la pequeña minería que acompañe las inversiones de la gran y mediana minería en el país.