Algunos días después de la APEC, poco a poco, el Per&uac...
Luego de que el directorio de Petroperú emplazara al Ejecutivo a asumir una decisión sobre la empresa estatal –que empieza a ser sinónimo de destrucción de disciplina fiscal– ya sea en el sentido de establecer su quiebra y liquidación, seguir desarrollando rescates financieros o avanzar en la reorganización de la empresa, la presidente Dina Boluarte decidió remover el directorio y nombrar como presidente del directorio Pedro Chira Fernández, quien ejerció ese cargo durante un año desde abril de 2023. Igualmente, la jefe de Estado decidió nombrar a Óscar Vera, ex ministro de Energía y Minas, y a Enrique Bisseti. Los tres, de una u otra manera, son personas vinculadas al sector político de Vladimir Cerrón y Perú Libre.
Al parecer el emplazamiento al Ejecutivo y la colisión del anterior directorio con el Ministerio de Economía (MEF) –que se negaba a seguir atendiendo las demandas de la petrolera estatal– desencadenaron la remoción y el nombramiento de los cerronistas. Sin embargo, vale subrayar que el nombramiento del nuevo directorio no sería posible si es que el ministro de Economía, José Arista, y el titular de Energía y Minas, Rómulo Mucho no se allanaran a esta terrible decisión. Vale anotar que el MEF tiene el 60% acciones en la Junta General de Accionistas de la petrolera estatal en tanto que el sector de Energía y Minas el 40%.
Lo cierto es que el problema de Petroperú comienza a convertirse en una verdadera amenaza para el manejo del déficit fiscal en el Perú y fuente de enfrentamientos entre sectores que ven a la empresa estatal como campo de negocios y todo tipo de irregularidades. En ese sentido, si en el Gabinete no existe la fuerza para oponerse al nombramiento de conocidos cerronistas que, además, gestionaron la empresa causando pérdidas patrimoniales de Petroperú del orden de los US$ 1,000 millones, es hora de que las bancadas de la centro derecha asuman su papel en el Congreso estableciendo que nadie puede violentar el déficit fiscal con perpetuos rescates para la petrolera estatal.
Por otro lado, el Congreso tiene que legislar señalando que la participación privada –algo que debería producirse ya– en Petroperú debe desarrollarse mediante concursos públicos y con la más absoluta transparencia. Sin embargo, lo que no se debe aceptar en el Congreso es nuevos rescates financieros al margen de un plan estratégico de reorganización empresarial y el proyecto de la inevitable privatización. De allí la importancia de que los ministros Arista y Mucho no firmen los nombramientos de los cerronistas en el directorio.
Es necesario recordar que, durante el gobierno de Boluarte el déficit fiscal está fuera de control y –no es exagerado sostenerlo– el Perú está a punto de perder el grado de inversión, fruto del esfuerzo de varias generaciones de peruanos. Y una de las causas del desmanejo fiscal son los sucesivos rescates financieros de Petroperú.
El año 2023 el Perú proyectaba un déficit de 2.4% del PBI, pero se llegó al 2.8% con un adelanto extraño de las utilidades del Banco de la Nación. De lo contrario se sumaba 3% de déficit y el Perú perdía el grado de inversión. Para este año se proyectaba un déficit de 2%, pero se amplió la trayectoria fiscal al 2.8%. Hasta julio de este año había un déficit acumulado de 4%, una cifra que hace imposible cumplir las propias metas del Ejecutivo.
El gobierno de Boluarte, pues, empieza a ser asociado como el gobierno del déficit fiscal y una de las causas de la desorganización comienzan a ser los sucesivos rescates financieros de Petroperú. En este contexto, en primer lugar, necesitamos la firmeza de los ministros Arista y Mucho para evitar el nombramiento de los cerronistas, que solo apuntarán a convertir a Petroperú en una pequeña PDVSA venezolana, que desangre los recursos de los peruanos en todo tipo de irregularidades y clientelas. Por otro lado, el Congreso, los ministros y los peruanos de buena voluntad, deben converger para evitar nuevos rescates financieros para la petrolera estatal.
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