Bolivia lidera en energía y el Perú se resigna

Los presidentes de los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) –Evo Morales de Bolivia, Lenin Moreno de Ecuador, Iván Duque de Colombia y Martín Vizcarra de Perú– acordaron en Lima el fortalecimiento de una interconexión energética. En su discurso, Vizcarra señaló que la integración debe ser comercial y libre de aranceles. En este contexto, el presidente de Perupetro, Seferino Yesquén, indicó posteriormente que la empresa boliviana estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) “puede participar también en exploración y producción” de hidrocarburos en el Perú.

Para nadie es un secreto que la interconexión energética que se ha propuesto en la CAN ha sido promovida por Bolivia. Desde hace años, el país del altiplano está desarrollando exitosamente un plan agresivo de producción y exportación de gas. Su objetivo es llevar gas boliviano a Asia. Para esto, Morales tiene planeado construir un ducto de 262 kilómetros entre Ilo en Moquegua y Charana en Bolivia, cerca a la frontera con Chile. El ducto pasará por la planta de almacenamiento de diésel, gasolina, crudo y gas que Bolivia también planea construir en suelo peruano.

La expansión energética boliviana está en marcha desde hace varios años por intermedio de YPFB, una de las empresas postoras para el proyecto de masificación de gas Siete Regiones, a cargo de Proinversión, para abastecer de gas a Puno, Cusco, Ucayali, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Junín. No será extraño que Bolivia esté entre los postores para obtener la concesión de la construcción y operación del gasoducto del sur –ahora Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT GAS)–, concesionado a la constructora Odebrecht y detenido en 2017 por temas de corrupción vinculados al caso Lava Jato. Con los ingresos fiscales enormes que obtiene Bolivia por la exportación de gas a Brasil y Argentina, Bolivia estaría proyectando postular al SIT GAS.

Si Bolivia gana la concesión del proyecto Siete Regiones y SIT GAS tendrá mayores posibilidades de participar directamente en la exploración y explotación del gas de Camisea, en Cusco, asociada o no con Perupetro. Entonces, la interconexión energética que se propone en la CAN, libre de aranceles –según el presidente Vizcarra–, sería una victoria energética boliviana en la región andina.

Mientras Morales avanza firmemente en la expansión de la comercialización del gas boliviano en Perú, el Ejecutivo de Martín Vizcarra se rinde frente a la izquierda antidesarrollo que bloquea los proyectos energéticos en la selva amazónica y en el zócalo marítimo de la costa norte. El relato falso sobre contaminación ambiental y conservación de las reservas naturales es el caballito de batalla de la izquierda peruana antimercado. Es la misma izquierda que bloquea en el Congreso de la República las posibilidades peruanas de explorar y explotar los recursos petroleros y gasíferos, mediante una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) y proyectos de ley que promueven zonas liberadas en el norte. 

El avance de Bolivia en cuestiones energéticas se explica por el abandono del sector por parte del Estado peruano. No existe una política energética consolidada de largo alcance. Si fuera así, la nueva LOH ya habría sido aprobada y las exploraciones permitirían hallar las reservas nacionales y explotar los pozos ubicados en la selva y en el litoral del norte. Asimismo, dejaríamos de importar US$ 500 millones de crudo para abastecer la demanda de energía, tanto para uso doméstico como industrial. Lamentablemente, no es así. Para el Ejecutivo de Vizcarra la crisis energética peruana que se avecina se resuelve rindiéndose ante los objetivos estratégicos y comerciales de Bolivia.

La izquierda peruana y el conglomerado marxista del país no se han pronunciado sobre la dependencia energética del país. Por el contrario, sí lo hace en la selva amazónica, por intermedio de las ONG del ambientalismo ideológico que evitan denunciar el boicot de la tubería de Oleoducto Norperuano (ONP) que realizan las dirigencias de las comunidades nativas, por recomendación de sus asesores vinculados a la izquierda extrema.