¡Basta ya! ¿Cuál “club de la construcción”?

 

En el Perú la justicia y las investigaciones dependen de las olas mediáticas. Punto. Se pueden allanar locales partidarios y se producen negligencias judiciales que liberan a los dirigentes centrales del terrorismo, dependiendo de las portadas de ocasión. Pero también se puede paralizar la economía. Por ejemplo, políticos, periodistas y medios vienen hablando de un supuesto “club de la construcción” que comprometería a las 30 empresas constructoras nacionales que contratan obra pública con el Estado.

¿Cuál es el fundamento de la existencia de este supuesto club? Un funcionario de Odebrecht se convirtió en colaborador eficaz y entregó a la fiscalía la lista de 30 empresas que contratan con el Estado. Hasta hoy solo hay tres casos de corrupción investigados, pero el resto de compañías no tiene nada que ver con el asunto. Sin embargo la Fiscalía, que suele marchar al ritmo de los flashes y cámaras, ha establecido que existe un supuesto “club de la construcción”. Las consecuencias: el Estado y los bancos han paralizado contratos y financiamientos para la obra pública. En Brasil y Panamá, por ejemplo, no obstante los escándalos de corrupción, no se detuvo un solo dólar de inversión en obra pública.

No vaya a creerse que estamos hablando solo de la construcción. El ministro de Economía, David Tuesta, ha sostenido que para llegar a crecer por encima del 4% el Perú necesita relanzar la inversión pública, y que el crecimiento de solo 3% causa vergüenza. Bueno, no se relanzará la inversión pública sin la construcción. Ya se conocen de varias licitaciones en el Ministerio de Transportes que se han declarado desiertas porque se descalifica a las compañías del supuesto club.

La cosa es demasiado grave. Se han destinado más de S/ 30,000 millones (que representa el 4% del PBI) para inversiones en asociaciones público privadas y obras por impuestos. Se calcula que si las empresas constructoras quiebran más del 30% del patrimonio de los bancos estaría en peligro. El jueguito mediático sobre un supuesto club de la construcción, pues, compromete a toda la economía.

La actual situación del sector construcción es el resultado de la guerra política Ejecutivo versus Legislativo, alrededor del caso Lava Jato, durante la pasada administración PPK. Es hora de terminar con esa situación. El famoso Decreto de Urgencia 003, que pretendía garantizar la continuidad de la inversión pública y el pago de las reparaciones civiles de las empresas investigadas por corrupción, finalmente no consiguió ningún objetivo: ni la continuidad de la obra pública ni el pago de la reparación civil.

Ante el fracaso, el Ejecutivo y el Congreso aprobaron la Ley N° 30737. Pero los especialistas señalan que se repetirá el fracaso porque la norma se concentra en “asegurar el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado”, al margen de la necesidad de garantizar las inversiones. De otro lado, se encarga casi todo el proceso al Ministerio de Justicia, uno de los principales responsables del fracaso en la aplicación del DU 003.

Además, la Ley N° 30737 tiene un problema de fondo: define sus objetivos a partir de falacias. La norma regula tres tipos de casos: a la empresa Odebrecht, las empresas consorciadas y al “supuesto club de la construcción”, integrado por 30 empresas. Es decir, prácticamente todas las empresas que se dedican a la obra pública. Ya sabemos de la “solidez” de la Fiscalía en la investigación del supuesto club.

En este contexto los bancos no otorgan créditos, los funcionarios se niegan a contratar obra pública, las licitaciones comienzan a quedar desiertas y se están perdiendo algunos puntos y fracciones vitales en el crecimiento del PBI, mientras se pierden miles de empleos y se interrumpen cadenas de pagos.

Es impresionante cómo los políticos, periodistas y medios se suben sobre una ola mediática ignorando las consecuencias económicas de una acusación sin fundamento. Y sobre todo, cómo se viola nuestra Carta Política cuando se acaba con el principio de la presunción de inocencia.