Días atrás en el distrito de Haquira –en l...
A estas alturas, luego de más de un año del golpe fallido de Pedro Castillo, el hecho de que la Ley Agraria 31110 siga vigente representa una barbarie económica y una enorme irresponsabilidad de la mayoría del Congreso que detuvo el intento de quebrar el Estado de derecho de parte de Castillo y del eje bolivariano.
La Ley 31110 –que debería ser llamada “Ley Sagasti-Vásquez”– establece un salario especial para los trabajadores agrarios como si estuviese estatizando las empresas agroexportadoras. El llamado bono especial para el trabajador agrario (BETA) establece una bonificación del 30% del salario agrario sobre la remuneración mínima vital nacional. Es decir, en el agro las empresas tienen que pagar salarios superiores a cualquier sector urbano o industrial. Una verdadera locura que solo se puede justificar desde el ideario progresista del gobierno provisional de Francisco Sagasti o desde el sectarismo comunista que se expresó durante la gestión provisional de Mirtha Vásquez al frente del Legislativo.
Vale señalar que la bonificación BETA, en el acto, cancela la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo y la relación con los mercados y la productividad de los salarios agrarios. Una situación extremadamente grave considerando que la planilla laboral representa entre el 50% y el 60% de los costos de producción de las agroexportadoras y, considerando también, que algunas empresas llegaban a contratar entre 10,000 y 15,000 trabajadores, con todos los beneficios y derechos sociales, según las campañas de siembra, mantenimiento y cosecha en la agricultura.
La idea de salarios controlados, fijados por el Estado y la burocracia al margen de los mercados de la Ley 31110, también apunta contra la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo cuando fomenta la sindicalización de los trabajadores y promueve la negociación por rama. Es decir, cuando promueve la estabilidad laboral absoluta en los empleos, tal como sucedió en los países de la ex Unión Soviética, sucede en Corea del Norte y acaece en la Venezuela de la actualidad.
Es evidente que la propuesta de sindicatos que negocien sectorialmente es una bomba de efectos nucleares sobre el principio de la flexibilidad laboral. Y ni qué decir sobre el criterio de la ley 31110 que propone la contratación preferencial de los trabajadores previos. El gobierno de Sagasti, pues, derogó la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) para instaurar el socialismo en el agro, promover sindicatos y soñar con los koljoses y cooperativas que empobrecieron el agro durante el velascato. Allí están las barbaries laborales que comentamos.
Durante dos décadas de vigencia de la Ley de Promoción Agraria y a la sombra de la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio, las agroexportaciones se incrementaron de US$ 695 millones a más de US$ 10,000 millones, se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y se desarrolló una permanente reinversión de utilidades, sin precedentes en la historia nacional. Los trabajadores formales del agro se incrementaron de 460 mil, entre directos e indirectos, en el 2004, hasta más de un millón en la actualidad. Por otro lado, la pobreza en las regiones agrarias bajó por debajo de la media nacional a tal extremo que hoy este flagelo social en Ica se sitúa debajo del 6% de la población cuando esta lacra comienza a afectar a un tercio de la ciudadanía nacional.
La derogatoria de la Ley de Promoción Agraria por parte del gobierno de Sagasti solo puede explicarse por esa ideología anticapitalista que destilan todos los progresismos. Un anticapitalismo que los lleva a ser aliados de las corrientes comunistas de la asamblea constituyente que buscan incrementar la pobreza para afirmar una estrategia de poder.
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