Aumentos de remuneración mínima ignoran informalidad y pobreza

El gobierno de Dina Boluarte sigue atrapado en incoherencias económicas y, de una u otra manera, empieza a desperdiciar todas las posibilidades de reactivar la economía, de relanzar la inversión privada y de crear más empleo de cara al 2026. En otras palabras, el Ejecutivo comienza a malgastar todas las posibilidades de desarrollar una buena gestión en la economía. No solo está el mal manejo del déficit fiscal que evitó que se cumplieran las metas planteadas (el año pasado se llegó a 2.8% de déficit, no obstante que se proyectaba 2.4%) luego de tres décadas de disciplina fiscal en el modelo, sino también propuestas que, supuestamente, “buscan beneficiar a los trabajadores para penalizar el abuso de los empresarios”.

Ante la creciente desaprobación del gobierno se ha comenzado a hablar de un nuevo incremento de la remuneración mínima vital (RMV). Todos ya sabemos que casi todos los gobiernos en las últimas dos décadas siempre han utilizado la figura del incremento de la RMV para generar la ilusión de nuevos beneficios para los trabajadores. Sin embargo, todos sabemos también que este tipo de aumentos solo genera más informalidad y, en la práctica, termina deprimiendo los salarios reales.

Considerando que casi el 80% del tejido empresarial está conformado por micro y pequeñas empresas (mypes) un incremento de la RMV es una verdadera bomba nuclear en contra de las posibilidades de formalización. En este contexto, surgen dos tipos de mercados con dos tipos de empleo claramente definidos. Por un lado, más del 75% de los trabajadores, según la propia Organización Internacional de Trabajo, está en informalidad laboral, mientras que el 25% restante participa de la formalidad. En otras palabras, más de 12 millones de personas (la PEA nacional sobrepasa los 16 millones) carece de un sistema de salud y de uno previsional.

Los recurrentes incrementos de la RMV pueden considerarse la punta del gigantesco iceberg de la informalidad laboral. Sin embargo, el gran problema de la extralegalidad laboral se resume en un tema: la ausencia de flexibilidad laboral en el país. En el 2001, el Tribunal Constitucional estableció que un trabajador  tenía derecho a preferir la reposición en el puesto de trabajo antes que la indemnización ante el despido. De esta manera se materializó una especie de estabilidad laboral absoluta. Semejante situación, de una u otra manera, evitó que el crecimiento de la economía de las últimas décadas avanzara acompañado de una mayor formalidad laboral.

Vale señalar que el desarrollo, el crecimiento y el pleno empleo en los países desarrollados está directamente asociado a la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, mientras que la pobreza y la informalidad está vinculada a la estabilidad laboral. Una de las mayores paradojas en el tema es que los trabajadores de los países con estabilidad laboral, “con legislaciones pro trabajadores”, suelen emigrar a las sociedades con flexibilidad laboral, con legislaciones pro empresariales.

La flexibilidad laboral entonces es una de las claves para combatir la informalidad porque parte del criterio de que el puesto de trabajo y el salario dependen de la productividad de las empresas, es decir, depende la capacidad de generar valor y distribuir esa riqueza. 

Cuando el Estado legisla a favor de los trabajadores y fija los salarios solo lanza fuegos de artificio para elevar la popularidad de los políticos. En el Perú, la idea de que el Estado puede proteger a los trabajadores fijando salarios y creando estabilidad laboral está muy acentuada en la clase política. Por ejemplo, el gobierno de Pedro Castillo promulgó decretos laborales que prohibían la tercerización laboral, que fomentaban la sindicalización artificial y establecía el libertinaje en el derecho de huelga –con el objeto de promover la guerra de clases entre trabajadores y empresarios–; sin embargo, hasta hoy ni el Ejecutivo y el Congreso se atreven a derogar esas normas tan nocivas para el crecimiento.