Ataque generalizado a minas del Corredor Minero del Sur

El llamado Corredor Minero del Sur –de 482 kilómetros de extensión y que conecta las principales minas de Cusco, Apurímac y Arequipa con el puerto de Ilo– ha sido el blanco preferido de los sectores antimineros, respaldados por las oenegés de izquierda, que se han propuesto detener la producción de más del 50% del cobre nacional. El objetivo: desde buscar la estatización de las minas de cobre hasta favorecer a nuestros competidores internacionales en la producción del metal rojo.

En la reciente ola insurreccional que impulsan las vanguardias comunistas y los núcleos vinculados al eje bolivariano desde el 4 de enero pasado, casi todas las minas emplazadas en el llamado corredor fueron atacadas de manera simultánea y sincronizada. 

En una verdadera operación de guerra se desató el terror en varias minas de la señalada área. El 19 de enero se atacaron e incendiaron plantas de la minera Anabi, emplazadas en Cusco y Apurímac. Lo mismo sucedió con Antapaccay (dos ataques sucesivos) y Constancia –ambas en el Cusco– y con la mina Las Bambas en Apurímac. Si bien los daños y la virulencia de los ataques difieren en cada una de las empresas, la coordinación para desarrollar ataques de manera simultánea revela lo que siempre se ha sostenido: que las acciones del radicalismo antiminero no tienen nada que ver con las demandas sociales acumuladas en las provincias mineras, demandas que se agravan por la indolencia e incapacidad de los gobiernos regionales y locales en la ejecución de los presupuestos de inversión social.

Considerando que el año pasado las empresas mineras aportaron más de S/ 10,000 millones en canon y regalías a los gobiernos subnacionales –un récord histórico de recaudación–y que los gobiernos regionales en promedio apenas gastaron más del 50% del presupuesto destinado a inversión social, es incuestionable que la falta de agua y desagüe, de electricidad, de escuelas, de postas médicas y de carreteras tiene mucho que ver con la negligencia de los gobiernos regionales. Sin embargo, algunos gobernadores, con gran demagogia y desfachatez, se atreven a respaldar la insurrección en contra de la Constitución y el Estado de derecho.

Luego de los ataques sincronizados a las principales minas del llamado Corredor Minero del Sur y de la violencia generalizada de las vanguardias comunistas, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen la enorme responsabilidad de restablecer el Estado de derecho en las indicadas zonas mineras. No se puede permitir que la mitad de la producción de cobre del Perú –el segundo productor mundial de cobre luego de Chile– permanezca paralizada por las acciones de guerra y terror de minorías que no superan algunas centenas de activistas. Es imposible que el sistema de justicia no proceda a individualizar y a procesar a quienes violan la Constitución, el Estado de derecho y las leyes nacionales en el Corredor Minero del Sur.

Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grandes del planeta, el 2022 acumuló más de 580 días de bloqueos en la vía desde el inicio de sus operaciones. Por otro lado, Las Bambas, con una proyección de producción de 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC) anuales, el año pasado apenas produjo 220,000 TMC (es decir, 50% menos) por los bloqueos permanentes y por el asalto e invasión de unas decenas de antimineros en el tajo Chalcobamba, en donde comenzaron a desarrollar minería ilegal.

De una u otra manera, pues, la defensa de la Constitución y el Estado de derecho contra la ola insurreccional de las vanguardias comunistas –que proponen un sistema soviético de poder a través de una asamblea constituyente– está intrínsecamente vinculado a la defensa del Estado de derecho en el llamado corredor vial del sur y en las regiones mineras.