¡Alerta! ¡La minería ilegal avanza en el corredor vial del sur!

La Dirección del Medio Ambiente de la PNP en Apurímac, acaba de desarrollar un operativo en el puente de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, en el que se detuvo a cuatro mineros ilegales que transportaban 60 toneladas de cobre puro, de color gris oscuro y verde, en dos volquetes. La producción ilegal sumaba más de S/ 3 millones.

Es una noticia que puede parecer un asunto local, con poca importancia; sin embargo, representa la peor amenaza a la minería moderna en las últimas tres décadas. Y sorprendentemente, solo merece el silencio y la indiferencia de los sectores radicales antimineros y las oenegés anticapitalistas, que han pasado décadas intentando bloquear la minería moderna en el Perú.

¿Por qué estamos ante una grave amenaza en contra de la minería moderna que, en la última década, captó US$ 60,000 millones en inversiones y el año pasado transfirió cerca de S/ 8,000 millones en canon y regalías a los gobiernos regionales? Porque la formalización minera ha fracasado en la última década y las corrientes antimineras, colectivistas y populistas, pretenden señalar que el fracaso formalizador es responsabilidad de las corporaciones modernas que pagan impuestos, generan empleo y se convierten en motores antipobreza. 

Sin embargo, todos sabemos que la formalización de más de 5,000 unidades de pequeña minería es responsabilidad de los gobiernos regionales, de la Sucamec y de otras entidades gubernamentales. El Estado ha fracasado en la formalización de principio a fin, pero las izquierdas anticapitalistas pretenden organizar la fábula de que en el Perú ya no hay espacio para nuevas concesiones, no obstante que menos del 15% del territorio nacional está concesionado para exploración y explotación minera.

En este contexto, los peruanos de buena voluntad y las bancadas democráticas del Congreso deben evitar el yerro de rebajar los estándares de la minería moderna para, supuestamente, garantizar la formalización. A nuestro entender, el Congreso debería derogar las competencias de los gobiernos regionales en la formalización y proceder a crear una entidad nacional dependiente del Ejecutivo que centralice todos los procedimientos en una ventanilla única, evitando que los miles de pequeños mineros sean peloteados de aquí para allá.

Sin embargo, cualquier estrategia formalizadora debe partir del respeto a los derechos de propiedad de la minería que están reconocidos en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. En ese sentido, debe quedar absolutamente claro que quienes desarrollan minería en concesiones en desarrollo son considerados mineros ilegales en el acto. Tener una posición diferente sería alentar las invasiones y asaltos de los mineros ilegales a las concesiones de la minería moderna.

El caso de la detención de cuatro mineros ilegales en Challhuahuacho, con dos volquetes que transportaban 60 toneladas de cobre en bruto, nos indica claramente que los ilegales apuntan a las concesiones de la minería moderna que invierte miles de millones de dólares en la exploración y explotación, que paga impuestos, genera empleo y reduce pobreza.

Si hay alguna duda al respecto, planteamos la pregunta: ¿Acaso se prefiere a mil pequeños mineros explotando el cobre de las concesiones de Las Bambas, Antapaccay y Hudbay –en el corredor vial del sur— sin pagar impuestos, sin generar miles de empleos con derechos sociales y sin respetar el medio ambiente y el uso de los recursos hídricos? ¿Alguien puede dudar con respecto a esta amenaza que puede destruir la minería moderna? 

En cualquier caso, si alguien pretende destruir la minería moderna estaríamos ante un claro enemigo del Perú y la peruanidad.