Agricultura en emergencia sin promover agroexportaciones

El 19 de marzo se publicó el Decreto Supremo 003-2022-Midagri, por el que se declara en emergencia el sector agrario por 120 días, tanto por los efectos de la pandemia de Covid-19 como “por el incremento de los precios de los insumos agrarios a nivel internacional, agravado por los conflictos internacionales que impactan negativamente en el agro peruano, en la economía nacional y en la seguridad alimentaria”.

Sin embargo el Ejecutivo, más allá de declaraciones vacías sobre una supuesta segunda reforma agraria, no ha presentado ninguna alternativa para los más de dos millones de minifundistas que desarrollan agricultura de subsistencia: no hay propuestas para titular las tierras, ni planes para fomentar la asociatividad, las economías de escala y las políticas de crédito. Pero lo más grave: se habla de una segunda reforma sin promover las inversiones en agroexportación.

Muy por el contrario se elimina la tercerización laboral y se busca sobrerregular las relaciones laborales en el agro. En este contexto todo se lentifica en el sector agroexportador que, no obstante conducir el 5% de las tierras agrícolas, exporta US$ 8,000 millones anuales y contrata cerca de 1.5 millones de trabajadores formales. En otras palabras, no hay propuesta para los minifundistas y el ciclo agroexportador no avanza como antes. Es evidente que el impacto de la invasión a Ucrania tiene que ser muy fuerte.

El problema agrario se agravó con la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, la mejor norma económica de las últimas décadas. Esta ley fue derogada durante la administración Sagasti, con Mirtha Vásquez en la Presidencia del Congreso. Con ello se interrumpieron dos décadas de crecimiento sostenido en el sector, que transformaron al Perú en una verdadera potencial mundial agroexportadora. Como se sabe, la Ley de Promoción Agraria otorgaba una serie de beneficios tributarios y laborales a las personas jurídicas o naturales que realizaran emprendimientos agroindustriales.

Entre los beneficios laborales, se estipulaba que los trabajadores contratados bajo la ley tendrían un jornal diario, en el que se incluían la compensación por tiempo de servicios (CTS) y las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad. También se les asignaba a los trabajadores quince días de vacaciones remuneradas, indemnización por despido arbitrario, aportes al seguro y jornada de trabajo de ocho horas diarias.

Gracias a esas disposiciones, la tasa de desempleo disminuyó significativamente en las regiones con más empresas dedicadas a la agroexportación. Incluso en algunas de esas regiones, como Ica, se alcanzó el “pleno empleo”; es decir, no había desempleados. 

Lamentablemente, el Gobierno de Pedro Castillo parece no apreciar esos logros y pretende darle a la agricultura peruana un rumbo completamente opuesto. Apenas llegado al poder Castillo anunció, con gran ceremonia, una Segunda Reforma Agraria en cuya elaboración no tomó en cuenta para nada a las empresas agroexportadoras. Como ya nos tiene acostumbrados este Gobierno, ese anuncio no pasó de eso, y la reforma no se llevó a cabo.

Posteriormente, en el Ministerio de Trabajo se comenzó a implementar la llamada Agenda 19 que, entre otras cosas, elimina la tercerización laboral, un sistema ampliamente usado en el agro. Una medida que solamente traerá más desempleo e informalidad al sector. 

La crisis de la agricultura peruana se ha agudizado en las últimas semanas por el aumento de precio de los fertilizantes, por lo que diversas organizaciones de agricultores ya están realizando movilizaciones y protestas en todo el país. Ante ello, el Gobierno está elaborando un Plan de Emergencia Agrario, en el que al parecer se insistirá en todos los errores cometidos hasta ahora. Por ejemplo, el titular del Ministerio de Agricultura (Midagri) , Oscar Zea, ha anunciado que el Gobierno otorgará créditos por S/ 1,800 millones para los minifundistas, pequeños productores cuyas actividades son casi de subsistencia. Medidas paliativas para salvar la semana, pero ninguna alternativa de mediano plazo.

La verdadera solución para el sector sería que el Congreso restablezca la vigencia de la Ley de Promoción Agraria, de probada eficacia para impulsar las agroexportaciones, convocar inversiones y generar empleo y divisas, hoy tan necesarios para el país.