¡Acuerdo nacional en contra de la minería ilegal!

El martes pasado un grupo de criminales ingresó a la minera Marsa (Aurífera Retama) en Llacuabamba (provincia de Pataz en La Libertad), secuestró a cuatro trabajadores y después procedieron a volar una bocamina produciendo el derrumbe de sus galerías. El atentado criminal que busca sembrar el terror confirma una alianza entre la minería ilegal y el crimen organizado para explotar el oro y otros minerales.

En la provincia de Pataz la alianza entre la minería ilegal y el crimen organizado ya ha causado 17 trabajadores muertos, 23 heridos y se han derribado 15 torres de alta tensión de energía. Se calcula que alrededor de 600 volquetes salen diariamente de la zona cargando el mineral ilegal que no pertenece a Minera Poderosa, Aurífera Retama y Horizonte, empresas formales que pagan impuestos, generan empleo formal y mantienen los más altos estándares ambientales. 

Ahora que el precio de la onza de oro ha sobrepasado los US$ 2,000 y sigue al alza todo indica que, si el Estado de derecho y las instituciones no se deciden a restablecer el imperio de la Constitución y la ley en las zonas mineras, la minería ilegal y el crimen organizado se convertirán en una amenaza total para la minería moderna, una de las columnas centrales del crecimiento y el desarrollo.

Vale, igualmente, anotar que la minería ilegal ha avanzado considerablemente en el corredor vial del sur, invadiendo las concesiones de las empresas mineras formales que producen alrededor del 40% del cobre nacional del país. Ahora bien, ¿por qué se está multiplicando de aquí para allá la minería ilegal que no paga impuestos y destruye el medio ambiente? Existen muchas razones, pero una de las causas centrales es la prédica antiminera de las oenegés anticapitalistas y los sectores del radicalismo antiminero, que han detenido las inversiones formales en minería.

El asunto es tan grave que no se exagera cuando se sostiene que el Perú podría ser un país en el umbral del desarrollo, con menos de 15% de pobreza y clases medias sobre el 50% de la población, si se hubiese concretado toda su cartera de inversiones mineras. Sin embargo, las narrativas acerca de que la minería moderna era una amenaza para los recursos hídricos de consumo humano y de la agricultura detuvieron el avance de la minería formal.

Sobre la prédica antiminera y sobre sus devastadores resultados avanza la minería ilegal en el Perú. El caso paradigmático de la tragedia ambiental que produce el discurso antiminero es el de Tambogrande en Piura. Diversos sectores de la población expulsaron a la minera Manhattan, una empresa formal que desarrollaba los más altos estándares ambientales, por la supuesta defensa de la producción del mango y limón de la zona. Se han sucedido dos décadas desde esas campañas de leyendas y mentiras y hoy en Tambogrande existen cerca de 5,000 mineros ilegales que destruyen el medio ambiente explotando oro con mercurio, que no pagan impuestos, que no generan empleo formal y que desarrollan la trata de personas.

Por todas estas consideraciones creemos que todos los peruanos de buena voluntad, incluyendo a las derechas, centros e izquierdas democráticas, deberían desarrollar un gran acuerdo nacional para erradicar la minería ilegal. Y la única manera de avanzar en ese objetivo es restablecer el Estado de derecho en todas las regiones mineras, movilizar a la policía nacional (PNP), Ministerio Público y Poder Judicial en la captura, investigación y procesamiento de las bandas criminales.

De alguna manera, en la lucha contra la minería ilegal se juega la posibilidad de preservar el modelo, el crecimiento y el proceso de reducción de la pobreza.