A relanzar la reconstrucción

 

Para relanzar la reconstrucción del norte del Perú, el Congreso acaba de delegar facultades legislativas al Ejecutivo con el objeto de modificar la la Ley N° 30556, que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC). La mencionada delegación además contempla mejorar el marco legal de las Obras por Impuestos (OxI) y de las Asociaciones Público Privadas (APP), así como el uso del Bono Familiar Habitacional (subsidio directo del Estado).

También se pretende autorizar la firma de convenios Estado-Estado o con organismos internacionales para ejecutar proyectos más complejos, y además se autorizará a los gobiernos subnacionales a realizar obras mediante la modalidad de administración directa. Vale destacar que el Ejecutivo está priorizando el protagonismo de los gobiernos locales, que desarrollarán el 45% del total de las obras, en tanto que el Gobierno Central asumirá el 50% de las obras y los gobiernos regionales el 5%. Un gran cambio que se explica por el interés de Vizcarra y Villanueva en los gobiernos locales.

Queda en evidencia que el Ejecutivo tiene la enorme responsabilidad de destrabar todas las sobrerregulaciones que hasta hoy han impedido la colaboración entre el Estado y los privados para implementar las APP y OxI. La colaboración de la Contraloría General de la República en este proceso resulta fundamental.

La Contraloría ha informado que existen 534 obras dentro del plan de la Reconstrucción con Cambios (RCC), de las cuales 338 son de prevención y 146 de reconstrucción. De esas obras, 200 están en ejecución, 44 con plazos de ampliación, 309 concluidas y 25 están paralizadas o abandonadas. Por otro lado, el ministro del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Javier Piqué, ha confirmado que de las 45,000 casas destruidas por las inundaciones, 4,000 ya han sido construidas (de un total de 11,000 licitadas) y que 24,000 estarían listas en el 2019.

La urgencia de la reconstrucción es real y es necesario pisar el acelerador. La gente no puede seguir viviendo de manera precaria, habitando viviendas temporales y, además, siendo víctimas del incremento del costo de vida por las alzas de los productos. Ya sabemos que el extremismo antisistema no descansa y se aprovechará de las demoras y deficiencias de las obras de reconstrucción, y que aprovechará políticamente los reclamos de la gente.

En Sullana, por ejemplo, de 11 colegios identificados con daños ocasionados por el fenómeno de El Niño costero, solo seis han sido incluidos en los planes de reconstrucción, con S/ 8 millones para cada institución educativa. A ello se suma que las aulas prefabricadas no son suficientes para albergar a los estudiantes, y que la basura y los zancudos siguen siendo un peligro terrible para la salud de los escolares, por las aguas acumuladas en los canales que todavía no se han rehabilitado. Casi medio centenar de casos de dengue han sido denunciados por las autoridades regionales.

Por otra parte, todavía existen expedientes detenidos en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied). Profesionales del Colegio de Ingenieros de Piura han encontrado deficiencias en los muros construidos en el río Hualapampa, que en marzo 2017 arrasó más de 40 viviendas del distrito Huarmaca (Piura). Además, la reubicación de las viviendas no funcionó. En Piura se construyeron viviendas en las zonas consideradas de alto riesgo no mitigable: casas construidas con materiales rústicos y cimientos no adecuados en los mismos lugares afectados por los desbordes de los ríos.

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, señaló que este año se destinará S/ 4,000 millones, de los S/ 25,000 que costará la reconstrucción con cambios en los próximos tres años. El monto será invertido en obras en 19 ríos y cinco quebradas, y en el drenaje de siete ciudades de la zona costera peruana, desde Tumbes hasta Ica. Del mismo modo, se hará toda clase de obras en todo el cauce del río Piura y en los sistemas de drenaje pluvial en Sullana, Talara, Chiclayo y Trujillo.

Los recursos servirán también para la recuperación de las 45,000 viviendas afectadas por El Niño costero. Con el nuevo plan, cada obra durará 13 meses, desde la elaboración de los estudios de ingeniería, contrataciones y ejecución de los proyectos.

La gestión de la reconstrucción ha sido un desastre en el primer año por las demoras para decidir los diseños, los entrampamientos de la normatividad y por el excesivo protagonismo de las autoridades locales. La efectividad de las obras marcará el desempeño de la gestión Vizcarra, ya que la gente espera resultados ahora y no mañana. La actual primavera de la relación entre el Ejecutivo y la población durará poco tiempo, y hay que aprovecharla.