¡A detener la minería ilegal en el corredor vial del sur!

Desde inicios de este año las invasiones de mineros ilegales a las concesiones de la minería moderna se han multiplicado en el corredor vial del sur, poniendo en peligro las operaciones mineras que producen alrededor del 40% del cobre nacional. Por diversas informaciones se conoce que la minería ilegal se expande en los distritos de Velille, Livitaca y Chamaca en Chumbivilcas cerca de las concesiones de la empresa Hudbay. Igualmente se sabe de la existencia de operaciones de minería ilegal en zonas de la provincia de Espinar cerca de la mina Antapaccay. Asimismo, en Apurímac, en el distrito de Progreso, se dilata la minería ilegal afectando al proyecto Las Bambas y el proyecto Haquira.

La minería ilegal pasó a las primeras planas de los diarios y medios nacionales luego de que en la provincia de Pataz en la región La Libertad se supo de la alianza de mineros ilegales con el crimen organizado internacional, que se convirtió en un brazo armado de las operaciones ilegales, dejando un saldo de 9 trabajadores mineros muertos, 23 heridos y 15 torres de alta tensión derribadas. Al respecto se ha informado que, en los últimos seis meses, han salido más de 3,417 volquetes con minerales que no pertenecen a las compañías mineras formales (Minera Poderosa, Aurífera Retama y Horizonte), que pagan impuestos, preservan el medio ambiente y generan empleo formal.

De allí la enorme importancia de que el Ejecutivo y el Congreso asuman con urgencia las medidas correspondientes para detener la minería ilegal en el Perú. De lo contrario, la minería ilegal se convertirá en un fenómeno que terminará amenazando a la minería moderna nacional.

Por ejemplo, unas semanas atrás, la policía nacional del Perú (PNP) intervino un camión lleno de explosivos sin origen y destino determinados. Era evidente que se trataba de insumos para la minería ilegal. La operación policial se desarrolló en el distrito de Haquira en la provincia de Cotabambas en la región Apurímac. Antes de ese incidente, igualmente unas semanas atrás, la dirección de Medio Ambiente de la PNP, detuvo a cuatro mineros ilegales que transportaban 60 toneladas de cobre puro valorizado en más de S/. 3 millones en el mercado ilegal. La intervención policial también se desarrolló en Cotabambas, el puente Challhuahuacho.

Si el Ejecutivo y las instituciones encargadas de preservar el Estado de derecho –Ministerio Público, Poder Judicial y PNP– no asumen sus responsabilidades en el combate a la minería ilegal, de una u otra manera, estaremos frente a una de las peores amenazas en contra de la minería moderna que, en las últimas décadas, ha captado más de US$ 60,000 millones.

Cuando la minería ilegal avanza desaparece la minería moderna que paga impuestos y preserva el medio ambiente. Allí está el ejemplo de la minera Manhattan que fue expulsada de Tambogrande en Piura con una serie de leyendas y mentiras absurdas. Se habló incluso de preservar el limón y el mango de la zona. Luego de ahuyentar a la minería moderna, decenas de mineros ilegales comenzaron a explotar el oro contaminando el medio ambiente con el uso del mercurio. De esta manera decenas de mineros ilegales no pagan impuestos al Estado, no tienen ninguna obligación de preservar el medio ambiente y tampoco generan empleo formal. Muy por el contrario, destruyen el sistema ecológico y fomentan la prostitución y la trata de personas como en los pueblos del Viejo Oeste cuando aún no llegaba el brazo largo de ley.

Si pretendemos evitar este escenario en el corredor vial del sur, una de las áreas con mayor potencialidad minera del planeta, el Ejecutivo tiene que restablecer el Estado de derecho al término de la distancia.