¡A desbloquear proyectos mineros para salvar al Perú!

 

A inicios del nuevo milenio diversas proyecciones y economistas nos señalaban que si el Perú seguía creciendo sobre el 6% del PBI en el Bicentenario se podía alcanzar un ingreso per cápita cercano al de un país desarrollado, y los números respaldaban con certeza estas proyecciones. Sin embargo, llegamos al 2021, con el gobierno de Pedro Castillo y ahora la pobreza se ubica en cerca de 30% de la población (luego de haber estado en 20%).

Una de las razones de haber perdido esta oportunidad histórica es el frenazo de la minería moderna en el Perú que comenzó con el estribillo “agua sí, oro no” y bloqueó los proyectos Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca. Por ejemplo, si los proyectos del cinturón de cobre del norte (Conga, El Galeno, La Granja, Michiquillay, entre otros) estuviesen en ejecución, cualquiera sea la situación política, el país crecería sobre el 5%, la pobreza habría descendido sobre el 15% de la población y la sociedad peruana sería una de mayoría de clases medias.

Una de las razones del bloqueo de los proyectos mineros es el desarrollo de la violencia de parte de los sectores del radicalismo antiminero y las narrativas anti-inversión que organizan las oenegés anticapitalistas con supuestas defensas del medio ambiente. Igualmente, la ausencia de Estado de derecho es clamorosa en las regiones mineras a merced de grupos violentistas.

Sin embargo, las narrativas antimineras de las oenegés anticapitalistas se convirtieron en la justificación de una burocratización extrema del Estado con respecto a las inversiones mineras con el fin de controlar “la supuesta explotación y depredación del medio ambiente de la minería moderna”. Como todos sabemos, una suma de leyendas y mentiras.

La burocratización es tan extrema que el ingeniero Abraham Chahuán, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en una reciente disertación, señaló que, a la minería moderna, que pretende invertir 7, 8 o 10 billones de dólares, se le pone 400 permisos y procedimientos que bloquean cualquier posibilidad de inversión. 

Las afirmaciones de Chahuán podrían resumir la manera cómo un país frena su camino al desarrollo a partir de un sector económico de tanta potencialidad. El asunto se agrava más cuando se repara que el Estado, prácticamente, no hace nada frente a la minería ilegal que no paga impuestos, que depreda el medio ambiente y que no genera empleo formal. Este sector tan nocivo para el desarrollo está libre de controles y fiscalizaciones.

Asimismo, Chahuán señaló que los trámites y procedimientos en el sector minero se incrementaron de 12 a 265 en las últimas dos décadas y que existen 407 regulaciones administrativas en 29 instituciones. Es evidente, es incuestionable que, en esa maraña de sobrerregulaciones, está una de las principales explicaciones del porqué la minería moderna se detuvo en seco en el Perú, del porqué el capitalismo fue frenado evitando nuestro avance hacia el desarrollo.

En ese sentido, es necesario destacar la decisión del nuevo ministro de Energía y Minas (MINEM), Rómulo Mucho, de avanzar en la simplificación de los procedimientos administrativos en el sector minería. Por ejemplo, se acaba de establecer un nuevo procedimiento para admitir los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que reduce los plazos para evaluar un documento a solo 5 días. Antes los plazos de admisión de un EIA se podían extender hasta 6 meses debido a la discrecionalidad de los evaluadores. Ahora los funcionarios deberán regirse solo en base al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

Asimismo, se buscará una coordinación permanente entre todas las entidades vinculadas a la evaluación de los EIA y también se desarrollará una relación permanente entre el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y todas las entidades encargadas de emitir opiniones sobre este tipo de estudios ambientales.

De otro lado se debería avanzar hacia la Ventanilla Única Digital (VUD) para el sector minero tal como lo viene planteando el INGEMET en cuanto al otorgamiento de las concesiones mineras. 

Simplificación y digitalización parecen ser las dos claves para terminar con todas las murallas levantadas para bloquear inversiones en el sector minero.