2024: del rebote económico al crecimiento y reducción de pobreza

Todos los economistas y todas las proyecciones nos señalan que el 2024, de todas maneras, se producirá el rebote económico y que superaremos el año de recesión que nos dejó el gobierno destructivo de Pedro Castillo. Se arguye que la violencia luego del golpe fallido y el fenómeno de El Niño son los responsables de la contracción. Sin embargo, cifras más o cifras menos, la recesión solo se explica por la caída de la inversión privada de los últimos dos años. Y la inversión privada cae por la endémica crisis política que se agravó con la llegada de Castillo al poder.

Si la inversión privada suma el 80% del total de los invertido en el país, el 80% de los recursos fiscales, el 80% del empleo provisto en los mercados formales e informales y, según el Banco Mundial y los organismos multilaterales, representa el 80% del total de pobreza reducida en las últimas décadas, ¿cómo el Perú no va a estar en recesión? Si la inversión privada se derrumba, cualquier evento climático o político sumirá al país en recesión.

Por todas estas consideraciones, el principal objetivo de los demócratas y los peruanos de buena voluntad en este año debería ser volver a crecer a tasas que nos permitan seguir reduciendo la pobreza. Siempre vale recordar que antes de la pandemia, la pobreza se había reducido del 60% de la población a 20%. Después del gobierno de Castillo esta lacra se acerca al 30%.

Para volver a crecer y volver a reducir la pobreza, entonces, necesitamos relanzar la inversión privada. Y una de las primeras condiciones para avanzar en este objetivo es consolidar la estabilidad política cueste lo que cueste y garantizar el cronograma electoral hacia el 2026. Los mercados y la inversión privada necesitan esa señal con absoluta claridad. 

En ese contexto, el Congreso, el Ejecutivo, la sociedad civil y los peruanos de buena voluntad deberían apostar a que el 2024 se convierta en el año de la reforma política, garantizando la aprobación de la bicameralidad, la derogatoria de la prohibición de la reelección parlamentaria, la eliminación de todas las normas que debilitan la formación y consolidación de los partidos políticos (elecciones Paso, movimientos regionales balcanizados, etc.)

Por otro lado, el Perú tiene que enviar una señal clara acerca de que vuelve a crecer. Un paso inmediato es relanzar los proyectos mineros paralizados (por ejemplo, Tía María y Conga) que deberían generar un efecto cadena en la cartera de proyectos de más de US$ 53,000 millones. En el Instituto Peruano de Economía (IPE) se acaba de señalar que la recesión en el país habría sido mayor sin el aporte de la minería. Se menciona que Moquegua creció 27% en el tercer trimestre del 2023 gracias a la mina Quellaveco, la última gran inversión minera en el país. En el tercer trimestre del año pasado el Perú cayó 1%.

Sin embargo, lo más importante es que el país desarrolle una oleada de reformas que aumenten la productividad y el crecimiento potencial del PBI. Las medidas al respecto son harto conocidas y debatidas: desburocratización general del Estado, reforma tributaria para simplificar regímenes y bajar impuestos, reforma laboral para flexibilizar los contratos de trabajo y formalizar el empleo, reformas en la educación y la salud para construir un capital humano de calidad que innove y ubique al país en las tendencias de la digitalización, y la inversión en infraestructuras para conectar mercados, sociedades y valores a nivel interno y con el mundo.

Si el Perú no entiende la importancia del crecimiento, de la generación del empleo y la reducción de la pobreza, de nada nos habrá servido haber enfrentado la amenaza del golpe fallido de Castillo y el proyecto de la constituyente. De una u otra manera, el aumento de la pobreza, la conversión del país en una sociedad que incrementa este flagelo social, transforma al Perú en el mejor escenario para el triunfo de las fuerzas antisistema.