Y la fiscalización en salud, ¿para cuándo?

Hace un par de semanas, un programa periodístico denunció la existencia de clínicas informales, que además operan de manera ilegal, con personas que fingen ser médicos sin serlo y otros que no cuentan con los documentos de haber estudiado la carrera en los países de donde han emigrado. Esperé durante estos días algunas noticias adicionales en la prensa, pero seguro que ya la Sunafil, la Sunasa y las municipalidades de los distritos en los que estas clínicas funcionan han impuesto las sanciones correspondientes y han cerrado los locales, que no cuentan con los requisitos mínimos de personal y equipo para atender a los pacientes.

Sin embargo, aquí hay responsabilidad civil y penal en los dueños de estos negocios ilegales, a los que acuden cientos de personas creyendo que encontrarán un tratamiento para sus dolencias. Esta es una consecuencia peligrosísima de un sistema de salud que no ofrece lo necesario para atender a los miles de peruanos. Y es también muestra de la pobreza de nuestro sistema de fiscalización en salud, que es incapaz de contar con sanciones lo suficientemente fuertes y creíbles, que ahuyenten a cualquier mal inversionista que pretenda jugar con la salud de un ciudadano.

A ese nivel de irresponsabilidad y corrupción hemos llegado. Ya no solo se trata de enviar al paciente al consultorio del médico del hospital en el que atiendo para que sea visto con mayor prontitud, o descomponer una máquina del hospital para que los pacientes deban recibir atención privada, y luego facturarle a Essalud o Minsa por miles de millones de soles. Esta vez, hemos ido más lejos. La perversa creatividad de los malos empresarios los ha llevado a instalar locales abiertos a la atención al público para recetarles medicinas sin que el responsable de la atención tenga siquiera el título de médico.

Si esto no nos causa una profunda indignación, entonces debemos empezar a entender por qué nuestra sociedad está tan enferma. Por qué cada ciudadano se siente abandonado a su suerte en una especie de jungla sin reglas y sin un Estado que sea capaz de garantizarte lo mínimo: que ese establecimiento abierto al público cuente con licencia porque sus médicos han sido debidamente acreditados.

El servidor público de Sunafil, Sunasa y las municipalidades eligen serlo, o debería hacerlo, porque está comprometido con su comunidad. Y por ende, está lo suficientemente capacitado para hacer una buena labor y gestionar, en representación de los ciudadanos, que los centros de atención en salud hayan pasado por todos los requisitos necesarios para brindar un servicio de buena calidad.

Sin duda la tarea del Ejecutivo es inmensa. Pero quienes hemos hecho labor pública sabemos que al asumir un encargo, el compromiso es de dedicación exclusiva, muchas veces las 24 horas del día y los siete días de la semana.