Venganza no es justicia

Como se ha dado en otras oportunidades, es un hecho desgarrador el que pone sobre la mesa uno de los temas más controversiales que hoy nos toca debatir. Las discusiones que se han generado, a partir del macabro hecho perpetrado en contra de Jimena —una menor de once años que fue secuestrada, violada y asesinada hace poco más de una semana— hoy nos ubica en medio del dilema de respetar o no, el primer derecho que los seres humanos tenemos: el de la vida.

Al día de hoy, con un colectivo conformado por amigos y familiares de la víctima, conocemos bien las exigencias de gran parte de la población. Se exige la pena capital, como la medida más radical y, en palabras de los que la han propuesto, justa y necesaria. Sin embargo, aquí debemos hacer una pausa y reflexionar si —en verdad— la pena de muerte representa algún tipo de justicia para las víctimas.

Si lo que buscamos es justicia, debemos tener en cuenta que estamos en el Siglo XXI. Y con todos los problemas que hoy en día existen, en el campo del derecho bastante se ha avanzado desde la ley del Talión y el código de Hammurabi. Las nociones que hoy tenemos sobre la justicia no pueden estar todavía ligadas al “ojo por ojo, diente por diente”, porque nuestra sociedad se mueve dentro de contextos mucho más complejos. Y pese a que todavía existen países que cuentan a la pena capital dentro de sus respectivos códigos penales, creo que no hay ningún fundamento que la justifique. En este punto debemos ir separando el trigo de la paja, la aplicación de la pena de muerte tiene que ver más con la venganza que con la justicia, porque se trata de una acción, de naturaleza similar a la primera, sobre otra ya consumada.

Lo justo, teniendo en cuenta nuestra condición de república y aspirando siempre al “deber ser”, es que se utilicen los mecanismos que las leyes nos ofrecen para que los culpables paguen por sus delitos. Aquí es donde una pregunta se cae de madura, ¿las leyes que tenemos, todo nuestro sistema de administración de justicia, realmente sirve para garantizar la justicia en estos casos? Pues es evidente que tenemos un sistema de administración de justicia que puede ser todo, pero justo no es.

Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer al respecto? Pues bien, lo primero es que el Perú se retire de la influencia de la CIDH y todo organismo internacional que haya puesto de rodillas a nuestra justicia, para seguir una agenda política e ideológica bastante conocida. Pero si el Perú debe denunciar el Pacto de San José —y aquí sí voy a marcar diferencia del populismo y la demagogia, tan característicos de nuestra clase política— no es para implementar la pena de muerte en el código penal porque, más allá del argumento moral de que la justicia no es venganza, dudo mucho de que la medida presente algún efecto real en las estadísticas y en el comportamiento que tenemos como sociedad. Dicho esto, solo con un sistema de justicia independiente tendremos margen para pensar en las reformas que hacen falta para encarar el problema de forma integral.

Una vez fuera de la influencia de la CIDH ya podríamos comenzar con las reformas que deben hacer más eficiente nuestro sistema de justicia. Como poner sobre la mesa, por mencionar un solo ejemplo, la privatización de nuestro sistema penitenciario para que sean los presos los que se paguen el techo, colchón y alimentación en las prisiones; y que la carga no pese, como pasa hoy en día, sobre el resto de la sociedad.

Como diría Ayn Rand, la piedad por el culpable es traición al inocente. Y de esto se trata, de administrar justicia, no venganza.