Carlos Hakansson
Las formas de Estado asimétricas
Promueven la flexibilidad y adaptación a diversas realidades

En el debate constitucional contemporáneo, la configuración estatal asimétrica ha emergido como una estrategia para conciliar la unidad política con la diversidad territorial. La noción de forma de Estado asimétrica responde a la necesidad de reconocer que ciertos territorios –por su contexto histórico, lingüístico o económico– requieren un trato diferenciado para el ejercicio de sus competencias en una comunidad política. Se trata de un modelo que supone una desigualdad normativa promovida con intencionalidad, la cual queda plasmada en los textos constitucionales y normas que las dotan de mayores atribuciones fiscales, legislativas y administrativas. Se puede apreciar en el caso de Quebec (Canadá), donde el predominio de la cultura francófona justifica un estatus especial; también en España, donde Cataluña y el País Vasco disponen de competencias ampliadas en comparación al resto de las comunidades autónomas.
Si bien un factor importante es el reconocimiento de la diversidad, la asimetría plantea desafíos institucionales que tampoco deben subestimarse. En el Reino Unido observamos que el sistema de devolución de competencias permitió grados de autogobierno legislativo y diferenciaciones entre Escocia, Gales, Irlanda del Norte y Londres, en menor medida; pero al mismo tiempo ha generado cuestionamientos sobre la distribución de recursos y en la representación política en términos de equidad. En la India, la asimetría constitucional buscó preservar particularidades étnicas y geográficas, aunque tampoco exentas de conflictos.
Si bien las formas de Estado asimétricas promueven la flexibilidad y adaptación a diversas realidades, no carecen de ciertos riesgos, pues, ante un ejercicio deficiente y permanente negociación con el Gobierno central, la asimetría territorial produce tensiones políticas, cuestionando la gobernabilidad y también propiciar reivindicaciones independentistas. La clave consiste en poder garantizar que el grado de autonomía otorgada no erosione la estabilidad estatal y que tampoco se convierta en un vehículo de una posible fragmentación.
Ante la pregunta sobre si este modelo de Estado asimétrico es una herramienta eficaz de gobernabilidad o germen de conflictos irresolubles, consideramos que es un instrumento político que justifica un trato diferenciado a los territorios siempre que fortalezca la unidad estatal. Su éxito dependerá de la real capacidad para consolidar la cohesión estatal sin producir resistencias en el resto de los territorios. Por eso, la necesidad de cargas o responsabilidades a las comunidades, estados federados, regiones, comunidades autónomas y otras entidades bajo una condición asimétrica en aras del bien común, resulta fundamental para su solidez y continuidad en el tiempo.
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