Una audaz propuesta del fujimorismo

Los parlamentarios de Fuerza Popular bien podrían realizar una campaña social y mediática a favor de una excelente iniciativa legislativa que tendría muy buenas repercusiones en la formalización de la economía e incorporar a millones de peruanos al Sistema Privado de Pensiones. Sería coherente con el perfil reformista que debieron tener desde inicios de la labor parlamentaria, en el año 2016. Sin embargo, no se observa un real compromiso de toda la bancada fujimorista para hacer de este proyecto de ley una bandera emblemática.

Se trata del Proyecto de Ley Nº4077/2019-CR, de autoría de los congresistas Miguel Torres y Luis Galarreta, que tiene por objetivo crear un sistema de pensiones complementario por consumo, que ayudaría en la protección ante los riesgos de vejez, invalidez y fallecimiento. La iniciativa busca también promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias, generando así un incremento de la formalización en el país. Al igual que otra propuesta positiva presentada por Miguel Torres, sobre el “IGV Justo”, que finalmente fue aprobada el año 2017, el parlamentario de Fuerza Popular vuelve a acertar con una propuesta tendiente a crear incentivos para incorporar a las mypes a los beneficios de la formalización.

El sistema de Pensión Complementaria por Consumo propuesto consiste en lo siguiente: a) Crea un fondo de naturaleza pública, intangible y de uso exclusivo para fines previsionales. b) El monto que se obtenga por cada consumo se acumula en una Cuenta Individual de Pensiones (CIP). c) Se destinarán dos puntos porcentuales del IGV, en cada compra de bienes y servicios que realice un ciudadano, a la CIP, al solicitar comprobante de pago electrónico en el que se consigne su DNI. d) Este fondo se irá acumulando en el tiempo y generará una rentabilidad. e) Al cumplir los 65 años, el afiliado recibirá una pensión proporcional al fondo que haya acumulado a través de sus consumos.

Cabe destacar que la propuesta es un sistema complementario a los demás regímenes previsionales. Es decir, no reemplaza al actual sistema de pensiones (AFP, ONP u otro) sino que lo complementa. El fondo será administrado por la administradora de fondos que gane la licitación que se llevará a cabo. Además, su funcionamiento será supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). A diferencia de los actuales sistemas previsionales, en los cuales la pensión se genera en función de los ingresos, la presente iniciativa propone que la pensión se genere en base al consumo. De esta manera, todos los peruanos, independientemente de su vínculo laboral, podrán acceder a un sistema de pensiones. En este caso hay que destacar que el proyecto también genera competencia en el mercado de capitales.

Este sistema ayudará a reducir la evasión en el IGV (que actualmente bordea el 36%) y la evasión en renta (que se estima en 57%). Esto sucederá ya que todos los consumidores tendrán un incentivo para pedir comprobante de pago electrónico, generando así un efecto formalizador en toda la cadena. La SUNAT, el Ministerio de Economía, las municipalidades y las organizaciones de consumidores podrían realizar una campaña de gran impacto en los ciudadanos exigiendo que, por cualquier compra, las empresas e incluso pequeños negocios entreguen el comprobante de pago del IGV.

Algunos críticos de la iniciativa han señalado que si bien el ahorro financiado con el IGV facilitaría la formalidad laboral, financiar las pensiones solo con el IGV implicaría elevar su tasa en varios puntos porcentuales, pues el 18% actual tiene otros usos, y no es fácil reemplazar un ahorro mensual sobre el sueldo con parte del IGV. Un mayor IGV contribuiría a aumentar la informalidad de las empresas. Señalan, los críticos de que no queda claro el beneficio de esta reforma.

Otra crítica consiste en que si bien esta reforma logrará un efecto positivo, ya que los consumidores reclamarían las boletas y esto incentivaría la formalización, ¿qué te contestaría el informal cuando pidas una boleta? Seguramente: “Si la necesitas, te voy a tener que cobrar 18% más”. Entonces, adiós formalización y ahorro previsional. Este argumento no tiene sentido, ya que lo que determina el alza de precios en el mercado es el funcionamiento de la oferta y demanda. Y en todo caso, si la implementación del sistema complementario implica un relativo aumento de precios, la ganancia a la larga será enormemente mayor en vista de que se creará un circuito virtuoso: los consumidores exigirán boletas de venta, mayores sectores ingresarán a la formalización, el fisco tendrá más recursos y el sistema de pensiones privados tendrá un impacto mayor. En el mediano y largo plazo el impacto será geométricamente mayor que el pequeño aumento en los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado.

Finalmente, se señala que es positivo que se planteen reformas al sistema previsional, pero habría que ser muy cuidadosos al analizar sus implicaciones. Es viable que parte del IGV que pagamos nutra el ahorro previsional, pero como complemento al ahorro sobre remuneraciones, y no como reemplazo. Ayudaría a aumentar la cobertura del ahorro, pero no resuelve el problema de fondo, que pocos quieren ver y que se ha magnificado con la ley 95.5%: el alto porcentaje de personas que no tendrán una pensión en la vejez. Bueno, en este caso, la iniciativa planteada requiere de otras reformas para, por ejemplo, fomentar una mayor competencia, tal como existe en otros países. Con el paso del tiempo, conforme el sistema complementario por consumo aumente la capitalización total, los nuevos contingentes que ingresen al sistema privado de pensiones valorarán mejor el sentido de ahorro en el largo plazo.

Por donde se le vea, y con algunas correcciones, la propuesta del fujimorismo debe ser apoyada por todas las bancadas. A tal punto que recientemente el propio ministro de Economía, Oliva Neyra, ha respaldado la iniciativa legislativa.