Un sistema de pensiones de reparto y su aproximación al esquema de Ponzi

Construir un modelo sostenible y competitivo para las siguientes generaciones

En materia de reformas de pensiones, la literatura señala que se debe buscar máxima cobertura, mejores pensiones y menores comisiones por el servicio de administración de fondos y pago de pensiones. En suma, un modelo que sea eficiente con la meta y eficaz al usar los recursos de la economía.

Obviamente hay parámetros que forman parte de cualquier modelo: 1) frente a un potencial incremento en la esperanza de vida, la tasa de contribución y el número de meses que se aporta para formar el fondo de pensiones debe subir; 2) ante una realidad laboral en la que más de la mitad de la población es informal, resulta indispensable desarrollar nuevos esquemas de pago, que promuevan el ahorro de los que tienen capacidad de pago para que el esfuerzo del Estado se concentre en la población vulnerable.

Un sistema de pensiones multipilar, que incluye ahorro solidario, ahorro con capitalización individual y ahorro voluntario, debe ser sostenible a largo plazo y requiere que el ahorro de los trabajadores se proteja de cualquier riesgo político o fiscal posible. Por eso es vital la intangibilidad de los fondos, la transparencia en las inversiones y la protección constitucional de los ahorros jubilatorios. El afiliado es el dueño de sus aportes y tiene derecho a conocer cómo están siendo administrados y cuánta rentabilidad se le está generando, ya sea en el sistema privado o el público.

Todos deben recordar a Maddoff, el famoso inversionista estadounidense, fundador del índice Nasdaq, quien actualmente se encuentra en la cárcel por estafa a millones de personas, bajo la modalidad del esquema Ponzi. Este consiste en que se estructura una pirámide en la que las ganancias de los primeros inversionistas se pagan con el dinero de los nuevos ingresantes; pero una estructura en la que no hay inversión en instrumentos financieros que permitan el retorno del capital invertido. Es por tanto un esquema fraudulento, en el que el creador de la pirámide incumple su promesa y, con ello, deja a millones de personas en la quiebra.

En un sistema de pensiones denominado “de reparto”, en el que el pago de las pensiones de hoy se financia con los aportes de los trabajadores de hoy, es evidente que en la medida que el boom demográfico se detenga, se llegará a un momento en el que se tendrá menos de una persona trabajando por una persona pensionada. Lo que al inicio se sostenía sobre una pirámide de población laboral activa, termina entonces convirtiéndose en una pirámide inversa. En el caso de los esquemas de reparto, el dinero que depositan los trabajadores sí se invierte, pero hay países en los cuales ese dinero ha sido utilizado por los gobiernos para cerrar brechas fiscales, por lo que, al final, el aporte se constituye en un impuesto más. Por ende, más que tratarse de un esquema de Ponzi, como algunos especialistas denominan hoy al sistema de reparto, lo que se construye es una forma de recaudación, que pueda ser usada para el pago de pensiones u otras necesidades del Estado; como ocurrió en el Perú en la década de los ochenta, bajo los gobiernos de turno.

En este caso, cuando el esquema de reparto quiebra, como prestamista de última instancia, el Estado terminará pagando las pensiones, probablemente muy bajas, y obviamente con los impuestos que recauda. Es decir, en lugar de usar el dinero de los impuestos para construir carreteras o colegios, tendrá que destinar parte del dinero ahorrado para el pago de pensiones. No estamos muy lejos de revivir las últimas experiencias de Grecia y España, y los enormes déficits fiscales generados para el pago de pensiones.

 

Hoy en día hemos escuchado hablar mucho de la reforma de las pensiones y también del modelo sueco, en el que el 98% de la PEA es formal y la tasa de contribución (aporte) es 26.5%. La PEA formal de Perú es 30% y la tasa de aporte es 10%.

 

Creo que evidentemente todo sistema es perfectible y que el sistema de pensiones peruano lo es; pero hay capas vitales en la discusión. La primera es despojarse de posturas ideológicas y construir un modelo sostenible y competitivo para las siguientes generaciones. Y eso pasa necesariamente por aumentar cobertura a independientes y brindar pensión mínima, a la par de escuchar a la población y dotarla de competencias financieras para que tomen las mejores decisiones a favor de su ahorro para la jubilación y para la cobertura de sus riesgos de invalidez y muerte.

Giovanna Prialé Reyes