Oscar Schiappa-Pietra
Tecnologías y alianzas público-privadas para la formalización
Modernas herramientas para acabar con un viejo problema
Las innovaciones tecnológicas contribuyen a mejorar la calidad de nuestras vidas y nos permiten enfrentar viejos problemas con nuevas soluciones. La masiva informalidad en el Perú —consecuencia de nuestra incapacidad para desprendernos de la premodernidad— es uno de esos fenómenos sobre los que mucho se habla y poco se hace. Y que podría ser enfrentado con gran eficacia apelando a emergentes tecnologías cuya eficacia es patente en otras latitudes y, algo tímidamente, también en el Perú. Desafía todo sentido común el que, no obstante reconocer a la informalidad como uno de los más graves problemas nacionales, prácticamente no existan programas públicos orientados a superarla.
Peor aún, de muy diversas maneras el Estado es promotor de la informalidad. Pruebas al canto: un ejemplo real de mi experiencia como accionista de una mediana empresa agroexportadora. Nuestro principal competidor para reclutar trabajadores agrarios en la capital de una provincia de Cajamarca es ¡el programa antipobreza Juntos! Mi empresa —puedo reconocerlo con orgullo— es totalmente formal, opera con altos estándares de responsabilidad social, y registra ante la Dirección Regional de Trabajo los contratos de todos nuestros trabajadores. Pero muchos potenciales trabajadores declinan nuestras ofertas de empleo formal y bien remunerado, pues —nos dicen— de aceptar perderían la elegibilidad del subsidio del programa Juntos.
Es decir, el Estado castiga a quienes acceden a un empleo formal y a quienes se lo ofrecen, en vez de acompañarlos para convertir esta en una oportunidad de crecimiento socioeconómico. Peor aún, la consecuencia de esta descabellada situación es que muchos de los beneficiarios del programa Juntos son incentivados a aceptar empleos informales, y en efecto así lo hacen.
Otro ejemplo real se refiere a la pasividad del Estado para promover la reducción de la informalidad. Vuelvo a mi experiencia como empresario agroexportador: muchos de los microagricultores, de quienes acopiamos frutos, no están formalizados. Pero —reitero— mi empresa es totalmente formal. Para registrar esas compras en nuestra contabilidad, pagamos a Sunat una tasa de 2% sobre el precio, lo que implica un sobrecosto para mi empresa. Nosotros ofrecimos a Sunat establecer una alianza público-privada con ellos para promover la formalización de dichos agricultores, pero nuestra propuesta fue rechazada. Y ninguna otra entidad estatal cuenta con mandato funcional para participar de un emprendimiento de tal índole.
Vale insistir en lo obvio: la informalidad no es un fenómeno causado por la naturaleza, sino consecuencia de malhadadas prácticas sociales. Dando una mirada constructiva a este desafío, cabe reflexionar sobre las oportunidades que las emergentes tecnologías nos brindan para avanzar en la reducción de la informalidad. Ya se ha masificado en el Perú el uso de las aplicaciones digitales para contratar servicios de taxi (Uber, Cabify, etc.). Y en Estados Unidos se ha masificado el uso de aplicaciones digitales para contratar a proveedores de oficios manuales (gasfiteros, carpinteros, trabajadores de mudanza, etc.).
Estas aplicaciones, además de empoderar a los consumidores (al permitirles, por ejemplo, tener información precisa sobre el proveedor y las valoraciones de anteriores clientes sobre la calidad de los servicios brindados), en el contexto peruano están llamadas a ser una efectivísima herramienta promotora de formalización. En efecto, el pago de todos los servicios contratados a través de esas aplicaciones digitales se canaliza y registra contablemente a través de las empresas que son sus propietarias, individualizando al sujeto proveedor del servicio y beneficiario final de su pago, y todas las transacciones son bancarizadas. Es decir, esas aplicaciones digitales pueden proveer a la Sunat toda la información que requiere para exigir que quienes prestan servicios a través de ellas paguen cabalmente sus impuestos.
Acabar con la informalidad es un desafío histórico, cuya superación es indispensable para forjar una sociedad próspera y justa, acorde con las mejores tradiciones democráticas, en la que todos estemos sujetos a las mismas normas legales. Para avanzar en ese rumbo, el Estado debe romper su pasividad y actuar proactivamente, propiciando alianzas público-privadas con empresas que, por sus particulares características, puedan cumplir un rol eficaz en tal empeño. Y promoviendo la mayor masificación en el uso de aplicaciones digitales útiles para tal propósito.
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